Las cofradías de pescadores de Canarias han trasladado este martes al Parlamento autonómico su oposición firme al proyecto piloto de cerco de atún, una iniciativa que prevé capturar más de 400 toneladas en aguas del archipiélago y que el sector rechaza de manera unánime.
“Nos dejaría KO”, ha señalado Vielo Rodríguez, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, recalcando que el sector pesquero de las islas “no está para bromas”.
Rodríguez ha explicado que la empresa promotora del proyecto, Canarias Seafood, respaldada por la UE y el Gobierno central, pretende impulsar “un potaje” que “perjudica” a la pesca artesanal. Ha recordado que el sector ya atraviesa serias dificultades tras un invierno “súper duro, como los que había hace 40 años”, con numerosos días sin poder salir a faenar por la lluvia.
Ha subrayado que la flota canaria permanece “unida” y ha defendido su proceso de modernización para ofrecer “un producto de primer orden a las mesas de los canarios y los turistas”. Al mismo tiempo, ha cuestionado que “un señorito vaya y convenza a Madrid” para forzar cambios normativos que abran la puerta en Canarias al arrastre, el cerco y las jaulas de engorde.
Según ha expuesto, los pescadores del archipiélago realizan una labor “decente y sostenible” y ha advertido de que con el cerco pueden quedar atrapados también delfines, otros túnidos y tortugas, además de provocar que los fondos marinos se llenen de ejemplares muertos en estado de descomposición.
Rodríguez ha criticado igualmente los reglamentos de control de la UE, diseñados sin considerar las particularidades de Canarias como región ultraperiférica, y ha puesto como ejemplo que “no tiene sentido” exigir a un pescador de 60 años, “que no ha tocado un ordenador en su vida”, que complete trámites telemáticos en plena faena.
El representante de las cofradías ha manifestado su rechazo a un supuesto “afán por acabar con todos los recursos” y ha censurado que la empresa pretenda abrir una “brecha” en la pesca tradicional canaria, permitiendo que “cada uno haga lo que quiera”.
“Los atuneros no queremos cambiar el modelo, trabajamos honradamente”, ha afirmado, insistiendo en que la defensa del sistema tradicional “es a muerte” y aclarando que no capturan más atún no por falta de voluntad, sino porque hay campañas en las que los bancos de atunes apenas pasan por las islas, probablemente vinculadas al cambio climático.
En la misma línea se ha pronunciado Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, quien ha reivindicado la pesca de “bajo impacto” que se practica en el archipiélago con el atún mediante “caña y anzuelo”, frente a la “especulación comercial” que, a su juicio, implica el proyecto de cerco. “Es inaceptable en Canarias”, ha remarcado.
Mantener la identidad y evitar el monopolio
Brito ha puesto el foco en la necesidad de conservar la “identidad” del sector pesquero canario y ha ilustrado por qué se oponen a esta modalidad industrial, a pesar de que podrían haberse sumado hace décadas. “El sector no quiere autojoderse”, ha apuntado.
Ha recordado que los impactos negativos del cerco ya se han constatado en el País Vasco y en el Mediterráneo —“no vamos a descubrir América ahora”—, donde la flota tradicional ha ido perdiendo cuota frente a un “monopolio” controlado por dos o tres grandes familias.
Según Brito, la expansión del cerco amenaza la viabilidad de especies como el patudo y el atún rojo, y ha insistido en que el océano “tiene una capacidad” limitada y no puede ser explotado sin control. Como posibles mejoras, ha planteado impulsar la transformación del pescado en el propio archipiélago, ya que actualmente muchos turistas “comen panga y fogonero” en lugar de producto local.