Representantes del Comité Intercentros de la Televisión Pública de Canarias y de la delegación sindical de Radio Pública Canarias han reiterado este jueves en el Parlamento su “preocupación” por el anteproyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de Canarias, un texto que, a su juicio, “no garantiza” el servicio público que deben prestar y sobre el que reclaman “consenso” antes de su aprobación definitiva en la Cámara.
Aday Domínguez, Miguel Ángel Quintana, Noelia Morales y José Benítez han intervenido en la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, donde han defendido que la norma se apruebe “desde el consenso”, incorporando las aportaciones de quienes hacen “posible” la Radio Televisión Canaria porque, han señalado, “el texto que regirá la comunicación e información pública canaria a medio plazo debe ser aprobado con las aportaciones” de sus trabajadores.
En su comparecencia han subrayado que “tenemos derecho a poder informar sin injerencias políticas. Pero, también existe, y aquí entra directamente el papel de todos ustedes (en apelación a los diputados canarios) una obligación: están ustedes obligados, por voluntad de los ciudadanos que los han puesto en esta Cámara, a legislar para que ese derecho sea preserve. Solo así podremos presumir de una democracia de verdad”.
Los portavoces del Comité Intercentros y de la delegación sindical han reclamado además que la futura ley incluya la creación de un Consejo Profesional de Información. Han recordado que “el Consejo de Informativos es la única opción conocida, de contrapeso, al control en la línea editorial que pretenda ejercer un Gobierno”.
En esta línea, la plantilla del ente público ha defendido también la existencia de un órgano “vinculante” que pueda emitir, informar o avalar cuestiones como las candidaturas a la Dirección de Informativos: “Rechazamos frontalmente las designaciones a dedo”, han insistido.
“Riesgo” de privatización y externalizaciones
Otro de los puntos que han denunciado este jueves es lo que consideran amenazas de privatización en el nuevo marco legal. Por ello, reclaman que la norma defina de forma clara que la producción, edición y realización de los informativos se garantice desde el propio ente público, ante “el riesgo” de que estos servicios se “externalicen”.
Como ejemplo, han aludido a los directos de compañeros que, “contratados por una empresa privada, tienen peores condiciones y no tienen instrumentos para oponerse a la manipulación”.
Respecto al mandato marco de RTVC, los trabajadores consideran imprescindible concretar “el refuerzo” de la identidad cultural de las islas previsto en la nueva ley dentro de la programación. A su juicio, “el mandato marco debe decir cómo y con qué número de programas deberá reforzarse...Exigimos, por ello, que, en un plazo de un año, tras aprobarse la ley, ya tengamos un mandato marco”.
También han aprovechado la comparecencia para referirse al contrato programa de RTVC, defendiendo la aprobación de uno específico para los Servicios Informativos. Han recordado que “durante 18 años hemos tenido algo parecido a un contrato programa. Ahí se fijaba que, por unos 20 millones de euros al año, se tenían que entregar unas horas determinadas de información, cerca de 2.000. Decía qué personal tenía que haber en esas empresas, incluso los programas y la duración de cada uno de ellos”.
En consecuencia, exigen un nuevo contrato programa que contemple “unas horas mínimas de programación directa de los servicios informativos”, y no “menos de 2.000”. El documento deberá detallar además el personal necesario, incorporando a toda la plantilla actual, y remarcan que “nunca” podrá haber ningún otro formato que ocupe más tiempo que los propios servicios informativos.
Órganos de control y modelo de gestión
En cuanto a la Junta de Control de RTVC, los trabajadores han defendido reforzar su independencia y operatividad ampliando el número de consejeros hasta 11, lo que, sostienen, permitiría una mayor representación política y facilitaría los nombramientos en el Parlamento de Canarias. “Todos los partidos podrán estar presentes y así ver qué se decide en el corazón de nuestra Radio Televisión Pública Canaria”, han apuntado.
El colectivo reclama igualmente que el servicio público se preste, con carácter general, mediante personal propio, sin cerrar la puerta a una colaboración complementaria con el sector audiovisual, pero evitando que sea “sustitutiva de las funciones estructurales”.
Con ello, pretenden “proteger” la que consideran la “esencia· de un modelo de gestión directa, frente a fórmulas indirectas que, temen, podrían “desdibujada” la naturaleza pública del servicio. En sus enmiendas proponen, por este motivo, rebajar al 10% del presupuesto el límite de contratación con una única empresa audiovisual, frente al 20% que contempla el anteproyecto de ley autonómica.
Advierten de que “dar a una única productora una cantidad superior, ya sean 6 millones de euros, nos parece mucho. Es convertirla en el gran barco arrastrero del mercado audiovisual canario. Controlarían el mercado, podrían bajar los precios de obra de los trabajadores, podrían competir a la hora con precios fuera de mercado, algo imposible para las pequeñas productoras, y, además, terminarían controlando un exceso de programación de la RTVC”, han señalado.
Aprobación de la RPT y búsqueda de estabilidad
Entre sus propuestas, y en relación con la situación del personal del grupo RTVC, los representantes sindicales reclaman fijar un plazo concreto para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La portavoz Noelia Morales ha recalcado que “la RPT no es un trámite administrativo menor, es la columna vertebral organizativa de cualquier entidad pública. Sin ella, hay indefinición, inseguridad y dificultades para planificar adecuadamente”.
En síntesis, el colectivo ha defendido ante el Parlamento su objetivo de que la ley canaria pueda aplicarse “con seguridad, orden y claridad” y ha insistido en que no pretenden “alterar el modelo, sino hacerlo viable”, y que “no persiguen privilegios, sino estabilidad”.