El Grupo Parlamentario Socialista ha introducido 25 enmiendas al Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, con el propósito de ajustar sus aspectos desequilibrados, contener la especulación en el sector turístico y asegurar una normativa que refleje las realidades de los municipios y las ocho islas.
Una de las modificaciones más destacadas es la restricción a un máximo de tres viviendas vacacionales por propietario. «Planteamos un máximo de tres por titular para combatir la concentración, diversificar la oferta y reducir la presión sobre el mercado de alquiler tradicional», declaró Sebastián Franquis, portavoz del grupo parlamentario.
Adicionalmente, el PSOE critica la falta de soporte institucional en las funciones de supervisión. «No se puede dejar a cabildos y ayuntamientos solos ante la tarea de inspeccionar más de 70.000 viviendas. Es irresponsable y poco realista», criticó Franquis. Por esta razón, sugieren acuerdos de colaboración con el Gobierno de Canarias para distribuir responsabilidades y recursos.
Las enmiendas también proponen simplificar los procedimientos administrativos, eliminar requisitos innecesarios y demandan que el gobierno, una vez aplicada la ley, genere reportes anuales sobre el impacto del alquiler vacacional y la concentración de propiedades en este ámbito.
«Desde que empezó la tramitación de esta ley, lejos de contenerse, el número de viviendas vacacionales se ha disparado un 53%, pasando de 46.186 a 70.853. La ausencia de medidas inmediatas ha tenido consecuencias nefastas», indicó Franquis.
En respuesta a la tardanza y errores del Gobierno, el PSOE propone una regulación «más sensata, flexible y sensible» a las circunstancias locales. Frente a la rigidez del 90% de reserva de suelo para uso residencial que establece el proyecto original, los socialistas sugieren excepciones en municipios como La Palma, La Gomera y El Hierro, así como en zonas turísticas específicas o municipios bajo programas del Reto Demográfico.
«No podemos tener una ley que ahogue a los ayuntamientos. Necesitamos una norma que les permita adaptar sus planes urbanísticos sin condicionamientos excesivos», concluyó Franquis.