Raúl Acosta, presidente de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre adquisiciones de material sanitario, ha rechazado este martes dejar su cargo a pesar de las severas críticas por parte del Grupo Socialista. Su apuesta es centrar la atención en el ‘rigor’ del proceso y alejarse de las distracciones o ‘humo’.
En una intervención ante los medios, ha explicado que el informe preliminar, redactado por él y que refleja su perspectiva, cumple con el compromiso previo con los grupos parlamentarios de entregar un borrador en septiembre, antes de su discusión detallada.
Acosta ha defendido que este documento es un punto de inicio y que su entrega fue respaldada por los miembros de la mesa de la comisión. El propósito es investigar la compra de material sanitario y contribuir a descubrir ‘la verdad’, a la vez que se han propuesto soluciones anticipadas para manejar futuras crisis sanitarias.
El presidente ha cuestionado la actitud de quienes parecen buscar una ‘caza de brujas’ o ‘investigar al investigador’, lo que a su juicio, ‘no solo no contribuye a esclarecer los hechos, sino que deslegitima el trabajo de la comisión’. ‘Yo entiendo que he hecho mi trabajo, he cumplido con los plazos que se me han pedido y a lo mejor se me pide la dimisión, no por cómo he hecho mi trabajo, que ahí no he visto ninguna discusión ni he visto ningún titular diciendo que he mentido, que he dicho cosas que faltan a la verdad o que las medidas que propongo son irrealizables. Por lo tanto, ¿por qué se pide mi dimisión?, por decir la verdad’, ha argumentado.
Manifestó sentirse ‘orgulloso’ de su gestión y subrayó que, más allá de la filtración del borrador, lo crucial es el contenido del mismo. ‘¿Por qué no se habla de lo que ahí dice?, ¿por qué no se habla de las propuestas?, ¿por qué no se critican las consideraciones que se hacen en el informe?’, preguntó, esperando que la comisión continúe su labor con seriedad para alcanzar un dictamen que no solo analice los hechos, sino que también proponga soluciones.
Finalmente, reconoció que durante la pandemia se vivieron ‘momentos dramáticos’ donde se incumplieron varios procedimientos, lo que ahora lleva a la necesidad de diseñar prácticas recomendables o incluso modificar el artículo 120 de la ley de contratos del sector público.