Los sindicatos Anpe, CCOO y UGT han mostrado este lunes en el Parlamento de Canarias su apoyo a la tramitación de la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, aunque han advertido de que la norma no puede limitarse a un gesto meramente simbólico.
“Estamos trabajando al límite”, ha afirmado el presidente de Anpe Canarias, Pedro Crespo, durante una comparecencia conjunta ante la comisión de Educación de la Cámara regional, en la que ha subrayado que el eje de la futura ley debe ser reforzar la “autoridad y veracidad” del profesorado.
Según los datos de su sindicato, la conflictividad en las aulas se ha incrementado un 60% en los últimos cuatro años, con episodios que abarcan desde agresiones físicas graves —aunque no son las más frecuentes— hasta insultos, grabaciones sin consentimiento o campañas de descrédito contra docentes.
Crespo ha denunciado también la elevada inestabilidad laboral, con más de un 30% de la plantilla en situación de interinidad, y ha reclamado una mejora de las condiciones laborales y salariales, además de que no se ponga en duda “la palabra” del profesorado.
Ha apelado a la necesidad de “educar en establecer límites”, ha pedido más apoyo jurídico y psicológico para los docentes y ha instado al Gobierno de Canarias a impulsar campañas institucionales que den visibilidad al trabajo en las aulas.
Ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que los casi 30.000 profesores sean quienes “menos cobran” dentro del personal público de su mismo grupo profesional, citando como ejemplo la “vergüenza” de los sexenios, y ha reclamado una ley “realista”, recordando que en Canarias se “incumplen” numerosas normas, entre ellas la que fija el 5% del PIB para educación.
Su compañera María Perera ha reclamado mayor implicación de las familias en el proceso educativo, ha recalcado que los alumnos ni los padres “no tienen siempre la razón” y ha ironizado al contar que en una ocasión llegó a recibir de vuelta “un examen corregido por un padre”.
Por parte de CCOO, la secretaria general de la federación de enseñanza, Flor Acosta, ha señalado que la ley es “necesaria”, si bien ha expresado sus reservas sobre la denominación elegida, al considerar que “se puede confundir autoridad con autoritarismo”.
Ha pedido que la norma se extienda también a la enseñanza concertada y que incluya “presupuesto, plazos y responsables”, así como una “coordinación real” con la inspección educativa y los servicios de prevención de riesgos laborales.
Acosta ha alertado del riesgo de que la ley acabe siendo “simbólica y repetitiva”, dado que ya existe normativa en esta materia, y ha mostrado su preocupación por que se convierta en una “herramienta más” de “sobrecarga y burocracia” para el profesorado.
Ha indicado que el diagnóstico de la situación es “evidente” y ha lamentado que la gestión de los centros se haya “desdemocratizado”, dejando a los claustros “sin decisión” en beneficio de los equipos directivos.
“Son casos aislados que destruyen vidas”
Miriam Montesdeoca (UGT) ha pedido que no se aborde la nueva ley de forma “alarmante”, al considerar que no existe una “violencia estructural” en las aulas canarias, aunque sí una “mayor complejidad” derivada del uso de la tecnología, la Inteligencia Artificial y los grupos de 'whatsapp'.
“No estamos protegidos, hace falta respaldo efectivo”, ha señalado, advirtiendo del fuerte “desgaste emocional” que soportan los docentes.
Ha insistido en que no existe un “vacío normativo”, sino que el reto está en ser “eficaz” en la aplicación de los protocolos y garantizar asistencia jurídica y psicológica “inmediata”. “Somos el frente de batalla, estamos en el cara a cara”, ha explicado.
Montesdeoca ha reclamado igualmente mejoras retributivas y laborales, así como disponer de “datos objetivos” sobre la situación, y aunque ha reiterado su rechazo al “alarmismo”, ha exigido que se reconozca a los docentes el mismo estatus de autoridad que tienen médicos o policías.
“Son casos aislados que destruyen vidas, hace falta respuesta inmediata y respaldo institucional”, ha concluido.