El Tribunal Supremo se prepara para juzgar a Pedro Sanginés por presunto falso testimonio

El Senado autoriza que el Tribunal Supremo juzgue a Pedro Sanginés, senador de CC, por falso testimonio y denuncia falsa.

La Comisión de Suplicatorios del Senado ha dado luz verde unánimemente a que el Tribunal Supremo pueda proceder con el juicio contra Pedro Sanginés, senador de Coalición Canaria y ex presidente del Cabildo de Lanzarote, acusado de falso testimonio y denuncia falsa.

El proceso se trasladará al Pleno del Senado la próxima semana para su aprobación final con el ‘plácet’ ya establecido.

En la reunión a puerta cerrada de la Comisión de Suplicatorios, celebrada este martes, se confirmó el apoyo unánime de todos los grupos políticos, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

Pedro Sanginés envió una nota al presidente de la Comisión de Suplicatorios, accesible a Europa Press, donde aseguró haber completado la audiencia preliminar y expresó su «confianza» en el Estado de Derecho y su «máxima colaboración» con la justicia para demostrar su «inocencia», «sin la sombra de duda que suele rodear a todo proceso penal».

Los hechos investigados datan de 2009, cuando Sanginés era presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo). Se le acusa de haber denunciado irregularidades en la contratación de servicios que implicaban delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, según manifestó en su momento ante la policía de Costa Teguise.

La Fiscalía sostiene que Sanginés denunció estas irregularidades con un «ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma». A pesar de que inicialmente se archivó la causa en abril de 2024, la Sala de lo Penal decidió reabrir el caso al estimar un recurso de apelación, considerando que existen indicios suficientes para seguir investigando a Sanginés por posible falso testimonio y denuncia falsa.

Además, existe otro caso archivado contra Sanginés relativo a presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración, entre otros. No obstante, este fue archivado por la Sala de lo Penal del Supremo, aunque se ordenó continuar investigando a otras personas no aforadas relacionadas con la contratación de un abogado en las empresas públicas de Lanzarote.

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