El consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha responsabilizado al Partido Socialista, que dirige el Ministerio de Memoria Democrática, y a la Asociación Héroes de la República de haber iniciado la exhumación de tres combatientes republicanos junto al muro del cementerio de Mirones (Miera) sin contar con la preceptiva autorización de excavación arqueológica ni haber cumplido el trámite de información pública.
Martínez Abad ha respondido de este modo en el Pleno de este lunes a una pregunta del portavoz socialista, Mario Iglesias, subrayando que, en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico, los integrantes de la Asociación “podrían ser sancionados; se podría haber parado la excavación y no se ha hecho”.
Asimismo, ha insistido en que el Ministerio no ha llevado a cabo el trámite de información pública “que exige la Ley de Memoria Democrática para estos casos”. En su intervención, ha recalcado que entre PSOE y PP “hay una gran diferencia” en este ámbito, acusando a los socialistas de impulsar una norma que “divide a los españoles en buenos y malos con el único objetivo de abrir viejas heridas”, frente a la apuesta de los 'populares' por una ley “de consenso cuya única finalidad es restaurar la memoria de todas las víctimas sin hablar de bandos o de buenos y malos”.
Por el contrario, el portavoz del PSOE ha reprochado a la Consejería que no haya dado “señales de vida” hasta que la Fiscalía trasladó las denuncias de la Asociación y comenzaron las exhumaciones con financiación del Estado. Además, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico ha puesto “obstáculos” y ha ofrecido promesas “vacías” a las familias afectadas.
Ante estas críticas, el consejero ha explicado que, cuando recibió la comunicación de la Fiscalía, la Dirección General de Cultura y Patrimonio no tenía registrado ningún escrito de la Asociación relativo a este expediente del Gobierno regional, que ya estaba en marcha. Posteriormente, se instó a la entidad a aportar la documentación necesaria para seguir con la exhumación, incluyendo la ubicación exacta de la fosa, información que fue presentada el 10 de noviembre.
Con esos datos, la Consejería remitió un informe al fiscal, que no apreció “incidencias reseñables” que justificaran una actuación adicional y decidió archivar la denuncia contra el Ejecutivo autonómico “sin más trámites”.
Martínez Abad ha añadido que la Consejería solo tramita otros dos expedientes vinculados a la Ley de Memoria: uno relativo a una lápida con el yugo y las flechas en una iglesia y otro sobre una fotografía en un bar de Santander, ambos correspondientes al mes de octubre.
La exhumación en Mirones
La sociedad científica Aranzadi dirige las labores de localización, exhumación e identificación de los restos de tres combatientes republicanos asesinados el 15 de septiembre de 1937 y enterrados en una fosa común junto al cementerio parroquial de Mirones, en el municipio de Miera. Estos trabajos están promovidos y financiados por el Gobierno de España con más de 13.000 euros.
Los cuerpos corresponden a Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, tres vecinos de Castro Urdiales que fueron fusilados y arrojados al río. Posteriormente, los habitantes de la zona recuperaron sus cadáveres y los enterraron fuera del recinto del camposanto.
Las actuaciones, encargadas por el Ejecutivo central a la Asociación Héroes de la República y ejecutadas por Aranzadi, persiguen otorgar “dignidad, justicia y reparación” a las víctimas y a sus familiares.
Reapertura pendiente del matadero de Liébana
En otro punto del orden del día, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha asegurado que el Gobierno continúa trabajando en la reapertura del matadero de Liébana, con el objetivo de que “sea sostenible en el tiempo sin generar más deuda ni falsas expectativas”.
No obstante, no ha precisado una fecha para la reapertura, pese a que ha indicado que llevan “meses trabajando” en ello, y ha avanzado que se está diseñando una propuesta “atractiva” para poder sacarlo a licitación “antes de que finalice esta legislatura”.
Así ha contestado al diputado socialista Joaquín Gómez, quien ha recordado que se trata de una resolución aprobada por la mayoría del Parlamento regional en el Debate de Orientación Política del 27 de junio. También ha remarcado que esta infraestructura, inaugurada en 2010 con una inversión de 3,5 millones de euros, permanece cerrada desde 2013.
Mientras, Susinos ha reprochado al PSOE que pregunte ahora por una instalación “de la que no han querido saber nada nunca”. Ha calificado el matadero como una construcción “sobredimensionada” para la demanda de la comarca y ha señalado que sus “altos costes de mantenimiento” obligan al Ejecutivo a asumir su financiación.
El sector primario entra en las aulas
Por otra parte, el Pleno ha respaldado por unanimidad una proposición no de ley del PRC que insta al Gobierno autonómico a impulsar, junto con la comunidad educativa, las organizaciones agrarias y pesqueras y entidades del medio rural, la elaboración e implantación de planes educativos en los centros escolares para explicar al alumnado “el papel esencial” de la agricultura, la ganadería y la pesca, así como prácticas como la caza o la pesca deportiva.
La iniciativa se completa con la puesta en marcha de programas y actividades complementarias en el entorno educativo, como visitas a explotaciones, lonjas y puertos pesqueros, además de talleres con profesionales de estos sectores.
Los regionalistas han defendido que la propuesta acerca a los estudiantes “a la realidad y al valor cultural, económico y ambiental” de los sectores primarios de Cantabria y de la industria de transformación asociada.
Todos los grupos han apoyado la moción, a la que el PP ha incorporado una enmienda aceptada por el PRC. Vox ha aclarado que su voto favorable se debe a que el texto es “un corta y pega conceptual” de una propuesta previa suya.
Debate sobre energía nuclear en Cantabria
Antes, el Pleno ha tumbado una moción de Vox que pedía al Gobierno, entre otras medidas, encargar un estudio técnico y económico independiente sobre la viabilidad de implantar micro-reactores nucleares en Cantabria. El resto de grupos ha votado en contra.
Vox ha argumentado que el proyecto del Campus Tecnológico Centro de Datos Altamira ha puesto de manifiesto la “vulnerabilidad energética crítica” de la comunidad, y que la potencia “colosal” requerida, de 500 megavatios, “no se va a alimentar con buenas intenciones, ni con notas de prensa, ni esperando a que sople el viento”.
Por ello, ha defendido apostar por la energía nuclear de cuarta generación, que considera “limpia, segura, barata y soberana”, y ha destacado la ventaja “competitiva” que, a su juicio, supone la presencia en Cantabria del Clúster de las Industrias Nucleares.
PP y PSOE han reprochado a Vox la falta de concreción en su propuesta y le han exigido que especifique dónde “quiere” ubicar esos micro-reactores. “¿En Campoo o en los Valles Pasiegos? O mejor, junto a alguna ría, por aquello de la necesidad de refrigeración”, ha planteado la socialista Ana Belén Álvarez, que también ha cuestionado si “la idea dentro de este cuento es proponer un micro-reactor atómico en algún prado próximo al Llano de La Pasiega que, además, pueda tener un buen enchufe y extender la largadera hasta el proyecto Altamira”.
Además, el Pleno ha rechazado otra proposición no de ley de Vox que reclamaba suspender la obligatoriedad de las balizas V16 —que entrará en vigor a partir de enero— hasta que “existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes” que avalen su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial.
Esta iniciativa, sobre la que el PP presentó dos enmiendas no aceptadas por Vox, ha sido desestimada con los votos en contra de PSOE y PRC y la abstención de los 'populares'.