El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha reiterado que el plan del nuevo puente y la carretera entre Requejada y Suances es “imparable” y ha avanzado que “va a haber mucha concurrencia” de grandes compañías en el concurso. Este se articulará mediante un contrato de colaboración público-privada que saldrá a licitación en “las próximas fechas”, el primero de estas características en Cantabria.
Media ha realizado estas declaraciones este lunes durante la sesión de tarde del Pleno del Parlamento de Cantabria, en respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Vox. Allí ha recalcado que las obras de esta infraestructura, valoradas en 187,8 millones de euros e incluyendo la redacción, ejecución y conservación durante 26 años, se ejecutarán “antes de que acabe la legislatura”, en 2027.
“Aquí ya no hay marcha atrás”, ha remarcado el consejero, que ha explicado que la empresa adjudicataria deberá encargarse de redactar el proyecto, levantar la infraestructura —que contempla un puente atirantado de 750 metros— y hacerse cargo del mantenimiento de la carretera durante todo el periodo previsto.
Desde Vox, el diputado Armando Blanco ha arremetido contra el Ejecutivo del PP al considerar que “ha perdido absolutamente el norte” con esta actuación y ha advertido de que “va a hipotecar a Cantabria durante décadas”, al “pretender que asumamos unos gastos financieros de 84 millones para pagar una obra de 87”.
Según ha expuesto, tras estudiar la documentación, su grupo “ha comprobado” que “se han olvidado de los informes financieros comparados de la obra”, un informe que ha asegurado haber solicitado sin obtener contestación, algo que ha calificado de “oscurantismo por parte del Gobierno del PP”.
Blanco ha subrayado, además, que el presupuesto ha pasado de 12 millones en la anterior legislatura a 87 en la actual, una diferencia que ha equiparado a “dos polígonos de La Pasiega juntos”. “Esto es un pucherazo”, ha denunciado, acusando al consejero de querer levantar “por su cuenta y riesgo” “uno de los puentes más grandes de España para cruzar de Polanco a Suances (...), con un impacto visual enorme”.
“El 'faraón Media' lo que pretende construir es el doble que el viaducto de Colindres y similar al viaducto de Muskiz para ir de Suances a Polanco. Todo ello para salvar 150 metros del Saja y así garantizar el gran tráfico marítimo existente (...) como si estuviéramos hablando del gran canal de Valencia, con los grandes cruceros”, ha ironizado el parlamentario.
En su opinión, este proyecto “no es lo que los cántabros están demandando” y ha reprochado al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga haber optado por el mecanismo “más caro para su financiación”. Ha insistido en que “han perdido por completo el factor escala del proyecto” y ha reclamado que se “replantee el proyecto” y se busque una vía de financiación “más económica para el bolsillo de los cántabros”.
Para sostener su postura, ha recalcado que “es altamente indefendible” asumir 84 millones de euros en intereses cuando, al mismo tiempo, “se ha dicho desde esta misma tribuna que no podemos garantizar dos enfermeras en el turno de noche en el Hospital de Laredo; que no tenemos 200.000 euros para impulsar las becas de Bachillerato; 150.000 euros para mantener abierto el Colegio de El Pedregal en Castro Urdiales, o dos millones para construir el helipuerto necesario en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”, ha remachado Blanco.
En su réplica, Media ha considerado “curioso” que el Grupo Parlamentario Vox “se oponga” a esta infraestructura, aunque ha admitido que no le resulta extraño “de acuerdo a la deriva” que, a su juicio, ha tomado la formación en los últimos meses. “Todo lo que es bueno para Cantabria es malo para Vox, que ha decidido alinearse con las peores tesis del socialismo y el regionalismo. Curioso”, ha añadido.
El titular de Fomento ha defendido que el valor del dinero actual no será el mismo que en 2030 y ha asegurado que el Ejecutivo está cumpliendo “íntegramente” con la normativa estatal, “que nos obliga a cumplir con unos intereses máximos”.
Debate sobre energía nuclear y conflictos laborales
En la misma sesión vespertina, el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, ha explicado que la ausencia de la energía nuclear en la planificación energética de Cantabria se debe a que no es una competencia del Gobierno autonómico, sino del Estado.
Al mismo tiempo, ha indicado que el Ejecutivo regional considera que clausurar las centrales nucleares —tal y como contempla el Gobierno central (PSOE-Sumar)— “sin tener alternativas robustas pone en riesgo la seguridad del suministro eléctrico, la estabilidad de precios y la soberanía energética de España”.
Cuestionado por Vox, ha añadido que la apuesta de la Comisión Europea por los pequeños reactores abre nuevas oportunidades de negocio para las compañías industriales cántabras y para el Clúster de la Industria Nuclear. Ha añadido que el Gobierno de Cantabria “está en condiciones de apoyar proyectos industriales o de investigación dentro de esta tecnología con líneas de ayuda.
Por su parte, la diputada de Vox, Natividad Pérez, ha señalado que el desarrollo de esta tecnología supone “una oportunidad única” para que Cantabria pueda convertirse en “líder europeo” de la energía nuclear avanzada y ha reclamado al Ejecutivo la implantación de micro reactores. Ha vinculado esta petición con las necesidades energéticas que generará el Campus Tecnológico del Centro de Datos Altamira.
Además, y a raíz de una interpelación del PSOE por el conflicto laboral en la planta de Prysmian (Mailaño), que ha ejecutado el despido de ocho empleados, Arasti ha asegurado que se ha puesto en contacto personalmente con el Ministerio de Industria para solicitar su mediación en los conflictos de Teka y Telefónica que afectan a trabajadores de Cantabria, del mismo modo que se hizo en el caso de Bridgestone. Ha recalcado que le “ha faltado tiempo” para pedir dicha mediación.
La diputada socialista Ana Belén Álvarez le ha reprochado haber reaccionado de forma “tardía” ante estos despidos y “únicamente” después de que el PSOE registrara la interpelación.
Asimismo, ha reclamado que exista una autoridad laboral “presente, activa y visible” por parte del Gobierno autonómico, que intervenga y proteja “el orden laboral y la paz social” y contribuya a garantizar “la estabilidad económica, la confianza en las instituciones y la atracción de inversión industrial”.
Continuidad del servicio del helicóptero de rescate
En otro orden de asuntos, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha informado, en respuesta a preguntas del PRC sobre el servicio del helicóptero de rescate, de que la orden que permite mantener la prestación hasta la adjudicación definitiva del nuevo contrato entrará en vigor este miércoles 17, una vez que la prórroga actual finaliza este martes.
Ha explicado que los pliegos del nuevo contrato ya están firmados y que la licitación se publicará “esta misma semana”, con un presupuesto base de 9,4 millones de euros, a razón de 3,1 millones anuales.
Urrutia ha defendido que el Gobierno ha actuado con “previsión, planificación y responsabilidad” y ha destacado que se “aspira” a contar con una aeronave “técnicamente mejor”, además de disponer de un segundo helicóptero operativo durante todo el año.
La diputada regionalista Rosa Díaz ha censurado que el Ejecutivo “tenía que haber hecho antes” la licitación, puesto que, a su juicio, “ha habido tiempo más que suficiente para redactar los pliegos”, y ha considerado que la Consejería está procediendo con “improvisación”.