QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde a una modificación de la ley regional que rinde tributo y reconoce a las víctimas del terrorismo, con el objetivo de incrementar los casos elegibles para recibir compensaciones por parte de la comunidad autónoma y aumentar el número de beneficiarios.
Gracias a esta renovación legislativa, propuesta por Vox y respaldada por PP, PRC, PSOE y el diputado independiente Cristóbal Palacio, ahora se incluirán como beneficiarios a los herederos de las víctimas que hayan fallecido antes de que la ley original entrara en vigor.
Se han ampliado también los supuestos indemnizatorios, abarcando situaciones de secuestro, extorsión, coacciones o amenazas que hayan obligado a las víctimas a trasladar su residencia a Cantabria.
Además, la ley ahora reconoce efectos retroactivos desde su implementación inicial; se reabre el periodo para nuevas solicitudes o la revisión de solicitudes previamente rechazadas, y se asegura que las convocatorias de ayudas complementarias sean permanentes, disponibles en el primer trimestre de cada año.
Se ha modificado el texto para asegurar que el gobierno cántabro ofrezca programas de asistencia psicológica “inmediata y permanente” a las víctimas y sus familiares, y se ha previsto un espacio físico para que las asociaciones de víctimas puedan realizar actividades.
La Consejería de Educación deberá desarrollar programas educativos en los colegios para mantener viva la memoria de las víctimas, con su participación activa en charlas y proyectos.
La reforma, que contó con 34 votos a favor, busca corregir las “carencias” detectadas en la legislación inicial de marzo de 2023, según se menciona en la proposición de ley.
A pesar del consenso, ha habido críticas entre el PP y otros grupos por la gestión de esta reforma. El portavoz del PP, Juan José Alonso, defendió la diligencia de su gobierno y rechazó las acusaciones de la oposición de haber actuado tardíamente, asegurando el compromiso de su partido con las víctimas del terrorismo.
