El Gobierno de Cantabria llegó a ejecutar el 96% de los fondos reservados a la convocatoria de ayudas para el mantenimiento del empleo autónomo en la comunidad durante 2025. Estas subvenciones alcanzaron a 912 trabajadores por cuenta propia, de los que 73 desarrollaban su actividad en zonas rurales.
Así lo ha expuesto el consejero de Comercio, Eduardo Arasti (PP), durante el Pleno del Parlamento de Cantabria celebrado este lunes, donde ha precisado que la dotación para 2026, ya publicada en el Boletín Oficial de Cantabria este mismo día, asciende a 3,7 millones de euros, “un 20% más que en el año 2023”, último ejercicio del bipartito PRC-PSOE.
Además, en respuesta a la diputada de Vox Natividad Pérez, Arasti ha explicado que la nueva convocatoria incorpora un plus específico para los autónomos que desarrollan su actividad en municipios catalogados en riesgo de despoblación.
El responsable de Comercio ha avanzado también que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha “en breve”, mediante decreto, una nueva línea de ayudas dirigida a los autónomos en situación de incapacidad temporal, con la que se asumirán las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los dos primeros meses de baja.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional pretende que un autónomo enfermo no tenga que seguir afrontando ese coste, equiparando su nivel de protección al de los asalariados; disminuir “el riesgo” de que continúen trabajando pese a estar enfermos; y evitar situaciones de vulnerabilidad económica en bajas de duración corta o media.
Esta medida forma parte de las cuatro propuestas clave del plan que el Grupo Popular ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados. Junto a ella, se plantean el establecimiento del IVA franquiciado, para que autónomos y pymes con una facturación inferior a 85.000 euros no tengan que repercutir el IVA en sus facturas ni presentarlo ante Hacienda; la reducción de las obligaciones de declaración del IVA para los autónomos, pasando de cuatro liquidaciones trimestrales a sólo dos anuales, o incluso una; y la mejora en la definición de los gastos deducibles en su tributación.
Más allá del ámbito autonómico, Arasti ha reclamado acciones al Gobierno central, al considerar que los tributos de competencia estatal “merecen el calificativo de confiscatorios”. En este sentido, ha advertido de que “el Gobierno de Cantabria no puede actuar en solitario en defensa de los 41.000 trabajadores autónomos de Cantabria; necesitamos que el Gobierno de España haga su parte”.
Por su parte, la diputada de Vox ha denunciado que la pequeña y mediana empresa de la región se encuentra “asfixiada por una pinza letal, una presión fiscal implacable y unos costes de producción que no dejan de escalar”.
También ha censurado la “inyección” de recursos públicos autonómicos en “autobombo” durante los ejercicios 2024 y 2025, que, según ha indicado, suman una cifra “realmente escandalosa” de más de 31,4 millones de euros. Asimismo, ha cuestionado los 2,2 millones de euros anuales destinados a la patronal y a los sindicatos mayoritarios y los 1,7 millones de euros “dilapidados” en programas de cooperación al desarrollo en otros países.
MOVILIZACIONES DE COMERCIANTES
En otra de sus intervenciones, Pérez ha preguntado al consejero por las medidas de apoyo al comercio local de proximidad, a raíz de las protestas celebradas el pasado 24 de febrero en la plaza de la Constitución de Laredo y la plaza de la Esperanza de Colindres, que, a su juicio, “deberían avergonzar a cualquier gestor público con un mínimo de sensibilidad”.
La diputada ha sostenido que las políticas y planes de respaldo al comercio “no están funcionando o no les están llegando a los comerciantes” y ha tildado de “tímido” el programa piloto de relevo generacional del Ejecutivo regional, dotado con 50.000 euros y presentado en febrero, que “se ha limitado a una plataforma web de anuncios y asesoramiento técnico”, ha criticado.
En su réplica, Arasti ha mostrado su adhesión “al cien por cien” al manifiesto de los comerciantes de Laredo y Colindres, “que iba dirigido a todas las administraciones e incluso a toda la sociedad”, y ha defendido que “nos hemos tomado en serio a este colectivo desde el primer día con medidas y presupuesto”.
El consejero ha detallado que Cantabria incrementó en 2024 un 8,1% el presupuesto de la Dirección General de Comercio; en 2025 lo elevó otro 17,2% y en 2026 un 15,5% adicional. En todos los casos, ha subrayado, “sin el apoyo de Vox”.
Respecto al plan de relevo generacional, impulsado junto con la Cámara de Comercio, ha asegurado que “ha sido muy bien acogido por el sector comercial”.
Además, ha puesto de relieve que en 2024 el volumen de negocio del comercio en Cantabria “fue del 3,6% frente al 2,2% nacional, el segundo mayor incremento de España” y que en 2025 “creció un 5% frente al 4,1% nacional, el cuarto mayor incremento de toda España”. A partir de estos datos, ha concluido que “la situación, lejos de ser grave, muestra que la cifra de negocio del comercio en Cantabria crece, y más que la media española”.
CARRETERA ENTRAMBASMESTAS-VEGA DE PAS
Ya en otro punto del orden del día, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha anunciado, en respuesta a una pregunta del regionalista Pedro Hernando, que una vez esté “operativo” el presupuesto de 2026 el Gobierno de Cantabria contratará la redacción del proyecto de la carretera autonómica CA-263 entre Vega de Pas y Entrambasmestas. El trazado se dividirá en dos tramos, con un presupuesto conjunto de 500.000 euros y un plazo de elaboración de diez meses.
Media confía en que los proyectos estén listos en 2027. A partir de entonces, se solicitarán las autorizaciones pertinentes y se licitarán las obras, cuyo coste se cifra en 18,5 millones de euros, que serán financiados por el Ejecutivo cántabro.
En este contexto, Hernando ha calificado al consejero como “el rey de la inflación”, al recordar que esta actuación ha pasado de estimarse en 10 a 18,5 millones de euros y que “no hay un proyecto suyo que no tenga un aumento de millones y millones de euros”, ha sostenido. El diputado ha llegado a afirmar que le da “miedo” preguntar a Media “porque cada vez que sale aquí incrementa el precio del proyecto”.
FP Y COLEGIO DE POTES
En otro bloque del debate, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), ha defendido que la FP constituye un ámbito estratégico para el Gobierno de Cantabria y ha resaltado que el número de estudiantes en esta etapa ha crecido un 40% desde el curso 2015-2016, hasta alcanzar los 14.900 alumnos actuales.
Ha precisado que el 29% estudia en centros privados, cuya matrícula ha aumentado un 2% en los dos últimos años, frente a un incremento del 500% en la última década en el conjunto de España.
Con estos datos, Silva ha sostenido que en Cantabria no existe un desequilibrio entre las redes pública y privada de FP, en contestación a una interpelación del PRC que cuestionaba por qué las plazas privadas de esta enseñanza han crecido “exponencialmente” más que las públicas.
Desde el grupo regionalista, Teresa Noceda, que ha felicitado al consejero por el preacuerdo alcanzado con el profesorado para su mejora salarial, aunque ha advertido de que aún quedan “otras reivindicaciones por solucionar”, le ha reclamado que su departamento estudie la demanda real de plazas, atienda las necesidades del tejido productivo y tenga en cuenta el criterio territorial para evitar que la oferta se concentre únicamente en determinadas áreas urbanas.
Silva ha respondido aludiendo al IV Plan Estratégico de FP que prepara el Gobierno, que se articula, entre otros aspectos, en esas mismas líneas de actuación.
El consejero ha vuelto después a la tribuna para responder al Grupo Parlamentario Socialista sobre los planes de la Consejería para instalar un ascensor y renovar los baños en el CEIP Concepción Arenal de Potes. Ha asegurado que ambas actuaciones se ejecutarán, aunque no ha concretado plazos.