El Gobierno de Cantabria está analizando una posible revisión del convenio colectivo de los bomberos forestales con el fin de que puedan llevar a cabo más quemas controladas en los montes de utilidad pública “con mayores garantías” por parte de estos profesionales.
Según ha explicado este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, esta demanda ha sido trasladada “de manera reiterada” por los ayuntamientos y las juntas vecinales que son titulares de dichos montes.
La consejera ha señalado que en la actualidad “se están realizando y se están autorizando” quemas controladas y ha recordado que en 2025 se autorizaron 125, “pero lo cierto es que los ayuntamientos y las juntas vecinales nos piden más colaboración y desde el Gobierno estamos trabajando para aportar más seguridad jurídica en este sentido”.
Susinos ha respondido así a una interpelación de Vox sobre la política forestal, en la que ha puesto en valor que los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, a punto de recibir luz verde, incluyen una partida de 1,5 millones de euros dirigida a las entidades locales propietarias de montes para acometer repoblaciones como medida de prevención frente a incendios forestales.
Además, ha avanzado que, en el marco de la Ley de Simplificación Administrativa, se implantará un procedimiento abreviado y simplificado para acelerar la tramitación y ejecución de los proyectos financiados con el Fondo de Mejoras, una cuenta en la que se ingresa el 15% de todos los rendimientos que genera un monte para reinvertirlo en actuaciones de conservación y mejora.
El propósito, ha dicho, es recortar la burocracia “excesiva” existente en estos momentos. “Va todo muy lento”, ha admitido la titular de Desarrollo Rural, que ha precisado que el Consejo Regional de Montes dio el visto bueno en 2025 a 43 planes de mejora por un montante total de 4,9 millones.
Susinos ha defendido que, tras “demasiado tiempo en el que faltó una política forestal clara, este Gobierno (PP) sí que tiene clara esa hoja de ruta” para revalorizar un patrimonio que, a su juicio, “no se ha aprovechado como merece”.
En esta línea, ha subrayado que “apenas el 16% de la madera que se transforma en los aserraderos cántabros procede de masas forestales regionales, mientras el propio sector nos está demandando un mayor volumen de madera”. Un sector que, según ha añadido, “lleva años dejado de la mano de Dios, con consecuencias nefastas para la economía regional”.
La consejera ha enumerado tres grandes “compromisos” del Ejecutivo: un impulso decidido al sector forestal —con el que mantiene reuniones mensuales— a través de ayudas a empresas y pequeños propietarios y un programa “ambicioso” de incentivos fiscales; el refuerzo del apoyo técnico y administrativo a las juntas propietarias de montes públicos para facilitar la tramitación de sus recursos; y la promoción de nuevas vías de rentabilidad ligadas a los servicios ambientales del monte, en especial mediante la absorción de carbono.
Ha recordado igualmente que el suelo forestal representa cerca del 70% del territorio autonómico, con más de 369.000 hectáreas, y ha insistido en que “conservación y aprovechamiento forestal no son objetivos enfrentados, sino todo lo contrario, son complementarios”. En sus palabras, “aprovechar bien el monte es también una forma de conservarlo”.
Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha cuestionado la política forestal del Ejecutivo regional al considerar que el Gobierno mantiene “un modelo de tutela administrativa que parece heredado del siglo XIX, tratando a las juntas vecinales, concejos y municipios como menores de edad incapaces de administrar sus montes, mientras la administración autonómica actúa como un embudo que muchas veces paraliza decisiones y retiene recursos”.
A su entender, el Ejecutivo “sigue teniendo una visión muy paternalista” y provoca que un presidente de junta vecinal tenga que aguardar a que la Comisión Regional de Montes determine si puede intervenir en el terreno “con su propio dinero”. Para Díaz, esta situación “desincentiva la gestión y abandona el monte muchas veces a matorral, con el consiguiente riesgo de incendio”.