El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha dejado claro que el Gobierno de Cantabria no tiene previsto poner en marcha medidas económicas específicas para hacer frente a la crisis derivada de la Guerra de Irán. Ha precisado que será el comité de coordinación el que continúe el seguimiento de la situación y que, junto a los representantes empresariales de la comunidad, analizarán “si hay que complementar” las medidas ya acordadas por el Gobierno de España.
Arasti ha intervenido este lunes en el Parlamento de Cantabria en respuesta a una interpelación de la diputada regionalista Paula Fernández, que ha instado al Ejecutivo autonómico a adoptar iniciativas propias, como ya han hecho comunidades vecinas como Asturias y País Vasco.
La candidata del PRC a las elecciones de 2027 ha reprochado al Gobierno cántabro que mantenga una actitud “cómoda” y ha defendido que “gobernar no es solo escuchar” sino “tomar decisiones, asumir responsabilidades y actuar cuando la situación lo exige”.
Además, ha adelantado que el PRC registrará en el próximo Pleno una moción con propuestas concretas “en positivo”, mientras, a su juicio, el Ejecutivo del PP permanece “de brazos cruzados” porque les “falta voluntad política” y “siempre van tarde y siempre gestionan de manera lenta”.
Como réplica, el consejero ha explicado que la respuesta de Cantabria arrancó con el encargo a la Sociedad Regional de Desarrollo (SODERCAN) de una hoja de ruta, de la que surgió la creación de este comité de coordinación público-privado. En su primera reunión se elaboró un documento remitido al Gobierno de España con un paquete de actuaciones.
De ese listado, el Ejecutivo central ha sacado adelante la rebaja del IVA del 21 al 10% para la luz y el gas; la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica; y una bonificación permanente del 80% en los peajes de acceso y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.
Asimismo, el Estado ha aprobado una medida en la misma línea de otra reclamada desde Cantabria. La comunidad planteaba que la bonificación a la compra de combustibles de automoción y agrarios se extendiera al transporte de mercancías y viajeros, al autotaxi, al sector primario y a embarcaciones no recreativas. En esa dirección, el Gobierno central ha incorporado una rebaja de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha atendido todavía otras peticiones del Gobierno cántabro, como aplicar una reducción a la compra de materiales procedentes de la biomasa y a la madera para leña; actualizar los principales parámetros del IRPF estatal; elevar las ayudas a la industria electrointensiva por el coste de las emisiones de CO2 hasta el 25% de lo recaudado, como sucede en Francia y Alemania; impulsar la cogeneración; y redactar un estatuto para consumidores calor intensivos.
Arasti ha definido este conjunto de medidas como “un límite inferior, que deberá modularse a la alta o a la baja en función de la evolución de los precios y de la crisis”. Por ello, ha defendido la importancia de una “necesaria interlocución con el sistema productivo español”.
En otro punto del orden del día, el consejero de Industria y la diputada de Vox Natividad Pérez han protagonizado un cruce de posiciones sobre la supuesta política de “continuismo” que, según la parlamentaria, aplica la Consejería. Arasti ha replicado que las estadísticas oficiales “nada tienen que ver” con la “pincelada fúnebre” con la que Vox describe la gestión, y ha afirmado que Pérez maneja un “sudoku” de datos, que “se inventa”.