QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha confirmado que el Gobierno de Cantabria está organizando tanto los recursos como el personal necesarios para gestionar la llegada de 156 menores migrantes no acompañados asignados por el Gobierno de España (PSOE-SUMAR). Gómez del Río expresó preocupación por la falta de detalles sobre el proceso, mencionando que “desconocemos cómo, cuándo, dónde y qué niños pretenden trasladar”, además de desconocer “su edad”.
En respuesta, el Ejecutivo cántabro ha adaptado una orden para enfrentar esta “imposición” del Gobierno central, establecida por el Real Decreto 2/2025, y que es de “obligado” cumplimiento. La medida establece “un marco legal” que permitirá anticipar la creación de centros de primera acogida “provisionales y de emergencia”, según detalló la consejera.
Gómez del Río señaló que estos centros representan “una solución” ante la incertidumbre de cómo será gestionada la llegada de los menores, que podría ser de forma individual o en grupos. La modificación normativa también incluye una “flexibilización” en los requisitos de personal, agregando roles como integradores sociales y mediadores culturales para mejorar la comunicación y facilitar la integración, así como personal que “garantice” la seguridad.
“Si el señor Sánchez no planifica, nosotros sí lo tenemos que hacer”, declaró la consejera, mostrando una oposición clara a que el Gobierno central decida cuántos menores debe acoger Cantabria, rechazando convertir a los menores en “objeto de intercambio político como está haciendo Sánchez”.
Durante una sesión en el Parlamento de Cantabria, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz, expresó preocupaciones sobre preparativos en un centro de Polientes (Valderredible), a lo que Gómez del Río respondió que no pueden reparar un centro que no es de su propiedad. Díaz también mencionó inquietudes en la comunidad de Campoo-Los Valles y criticó la modificación de la orden por su “nocturnidad política” y por rebajar los estándares de calidad y seguridad en los centros de menores.
“Desde Vox vemos un doble discurso: un discurso para tranquilizar a la opinión pública, diciendo que Cantabria rechaza el reparto de menores, pero al mismo tiempo una práctica administrativa que abre claramente la puerta a su llegada mediante reducción de estándares, mediante menos garantías en los centros de menores”, sentenció Díaz.
