La Consejería de Cultura tiene previsto poner en marcha los trámites necesarios para que el histórico cementerio de Comillas sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en su conjunto, dado que en la actualidad solo disfruta de esta protección la fachada principal.
El camposanto, propiedad del Obispado de Santander, presenta un progresivo deterioro y diversos daños estructurales. Sin embargo, la Consejería carece de competencias para intervenir en las zonas que aún no están amparadas por la figura de BIC, tal y como ha explicado su responsable, Luis Martínez Abad, durante el Pleno del Parlamento.
“Desde Cultura no podemos hacer mucho más de lo que ya hemos hecho desde el punto de la seguridad”, ha señalado el consejero, apuntando además que, si el titular del inmueble no actúa, la Administración podría acometer las obras imprescindibles y repercutirle posteriormente el coste de las reparaciones.
Martínez Abad ha recordado igualmente que la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico concede al Obispado de Santander una subvención nominativa que en 2026 ascenderá a 260.000 euros, partida que la diócesis podría destinar a estas intervenciones en el cementerio.
En cualquier caso, el consejero ha reiterado su compromiso de trabajar “de la mano” de la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda (PRC) --con quien ya ha abordado esta cuestión--, con el objetivo de encontrar “la solución más rápida a este problema”.
El cementerio ha sufrido la erosión y el desprendimiento de algunas piedras, lo que ha generado riesgos para la seguridad de las personas que lo visitan. Según ha detallado Martínez Abad, la primera alerta sobre el mal estado partió de la Policía Local de Comillas en abril de 2025, tras lo cual el Servicio de Patrimonio Cultural realizó una inspección in situ.
Posteriormente, el pasado 3 de marzo llegó una nueva queja del Ayuntamiento y, en ambas ocasiones, la Consejería “trasladó inmediatamente vía oficio al Obispado de Santander su obligación y la necesidad, por seguridad, de acometer las medidas necesarias”, ha indicado el titular de Cultura, en respuesta al PRC, que le ha instado a “haga de esto su causa”, “coja las riendas y ejecute la rehabilitación”.
Situación de las viviendas de uso turístico
En su condición de consejero de Turismo, Martínez Abad ha informado en la misma sesión plenaria de que, hasta el 20 de marzo, se habían registrado 996 solicitudes relativas a viviendas de uso turístico. De ellas, 421 cuentan ya con informe de compatibilidad favorable, 86 han sido informadas de forma negativa y 489 siguen pendientes de evaluación.
El consejero ha precisado, en respuesta a otra batería de preguntas del PRC, que es necesario tramitar cada expediente para determinar cuáles pueden inscribirse en el registro y cuáles deben ser canceladas o suspendidas.
Respecto a la disposición transitoria única del decreto que obliga a las viviendas ya inscritas a adaptarse a la nueva regulación, cuyo plazo concluye este miércoles 25 de marzo, ha explicado que la Consejería ha aprobado una instrucción para permitir que continúe la tramitación de los expedientes de adaptación cuando el titular haya acreditado haber solicitado dentro de plazo los informes o documentos requeridos.
Así, si el propietario pide antes del miércoles el informe municipal de compatibilidad urbanística al ayuntamiento competente, “no se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria y no se hará mientras dicho informe se encuentre pendiente de emisión”.
Además, Martínez Abad ha subrayado que la aplicación de estas directrices se llevará a cabo “sin perjuicio” de las competencias urbanísticas de los ayuntamientos, de las decisiones que adopten las comunidades de propietarios y de las facultades de comprobación, inspección y control que corresponden a la Dirección General.
El consejero ha recordado igualmente que, en este ámbito, se han creado cinco nuevos puestos de inspectores.
Al mismo tiempo, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, al afirmar que ningún titular de vivienda de uso turístico tiene “por qué estar preocupado”, ya que el decreto amparará a quienes “tengan intención de cumplir con él y con sus obligaciones”.
Autonomía universitaria y servicio de reprografía
Por otra parte, el PRC ha planteado una pregunta al consejero de Universidades, Sergio Silva, para conocer si el Ejecutivo regional (PP) va a “permitir” que la Universidad de Cantabria “privatice” su servicio de reprografía.
Silva ha defendido el principio de autonomía universitaria y ha sostenido que el Gobierno “ni debe, ni puede inmiscuirse en la gestión administrativa” de la UC. “No tenemos los medios, y creo que tampoco, aun teniéndolos, debiéramos inmiscuirnos”, ha concluido.