El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este lunes a una proposición de ley impulsada por el grupo socialista para modificar la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de las instituciones sanitarias. El objetivo es que todo el personal sanitario perciba el complemento de atención continuada cuando esté de baja laboral, y no únicamente los médicos como sucede en la actualidad, una situación derivada de una enmienda del PP a la Ley de Simplificación Administrativa.
La iniciativa ha sido aprobada con el respaldo de los diputados 'populares', regionalistas y socialistas, mientras que el Grupo Parlamentario Vox ha optado por la abstención.
El consejero de Salud, César Pascual (PP), en representación del Ejecutivo autonómico, ha comenzado su intervención subrayando que en el debate de hoy se ha abordado, más allá de un simple ajuste normativo, si la Cámara "legisla con responsabilidad o con propaganda", reprochando al PSOE haber presentado una proposición que "no incluye memoria económica, no cuantifica el impacto presupuestario, no identifica financiación, no propone ningún ajuste alternativo", sino que "crea gasto estructural en el vacío presupuestario".
En este sentido, ha recalcado que el Gobierno actuó "con seriedad" al incorporar esta previsión de gasto en el proyecto de presupuestos de Cantabria para 2026 --devuelto al Ejecutivo con los votos de PRC, PSOE y Vox--. Sin embargo, con las cuentas prorrogadas, ha criticado que "pretenden (los socialistas) aprobar una ley que aumenta el gasto fijo del sistema" y, además, de forma "rápida: sin debate real, con lectura única, evitando informes técnicos, económicos y jurídicos".
"Eso no es coherencia política. Es legislar como si el dinero público no existiera", ha remarcado Pascual, que ha interpelado a los socialistas sobre "de dónde proponen recortar: en atención primaria, en hospitales, en listas de espera, en infraestructuras, en tecnología, en personal eventual...". Según ha insistido, la proposición de ley "no lo dice" y les ha urgido a mostrar "coraje y valentía" para precisar "dónde el Gobierno ha de quitar los 2,2 millones de euros que supone esta medida".
Por ello, ha calificado la propuesta de estar "cargada de demagogia y de mentira" y de ser una "irresponsabilidad". La ha definido como "populismo presupuestario".
Al cierre de su intervención, el consejero ha reiterado que el proyecto de presupuestos rechazado "era el que garantizaba que los profesionales cobrasen a partir de 1 de enero" y ha reclamado a los grupos de la oposición que "si de verdad quieren modificar este marco legal, háganlo como corresponde", apelándoles a que aprueben el proyecto de cuentas públicas que el Gobierno "no ha descartado aún presentar en esta Cámara".
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Pesquera, que ha tachado las manifestaciones de Pascual de "ignominiosas", le ha replicado con otra cuestión: "¿dónde está la memoria económica cuando se presentó la Ley de Simplificación Administrativa?", ha subrayado.
Defendiendo la proposición, ha remarcado que "cuando se introducen mejoras laborales tienen que ser para el conjunto de los trabajadores", y ha explicado que ese es el propósito de la iniciativa, por lo que ha instado a los 'populares' a que "rectifiquen y voten a favor".
Por su parte, la regionalista Paula Fernández ha coincidido con el diputado socialista y ha reclamado el respaldo a la propuesta para "igualar" el trato del personal del Servicio Cántabro de Salud.
"Se trata de conseguir justicia para los trabajadores sanitarios", ha señalado, para sostener que el Ejecutivo incurrió "con un error grave" cuando "instauró la diferencia entre sanitarios de primera y sanitarios de segunda en el SCS" y permitió que "solo una parte" de la plantilla percibiera el complemento.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Vargas ha reprochado al resto de formaciones haber tumbado el proyecto de presupuestos en el que ya se contemplaba esta ampliación del complemento. "Ustedes votaron que no (...) y vienen a salvar ese grave error que tuvieron con los cántabros y con los profesionales sanitarios con esta propuesta. ¿Les han pedido perdón ya porque llevan dos meses sin cobrar este complemento?", ha cuestionado.
Al igual que el consejero, ha defendido que el PP recogió en las cuentas el acuerdo para extender el complemento a todo el personal sanitario "con financiación, que es como se garantizan las medidas", y ha justificado el voto favorable de su grupo por "coherencia". "Lo propusimos y mantenemos el criterio".
Desde Vox, Natividad Pérez, que ha pedido a 'populares', regionalistas y socialistas que "no saquen pecho", ha anunciado la abstención "crítica" de su formación por "la alarmante falta de rigor técnico y la inseguridad jurídica" del texto, alertando de que "abre la puerta a una posible doble remuneración" al incorporar conceptos retributivos "confusos".
Además, ha criticado que la proposición "peca de superficialidad" y arrastra una "deriva ideológica", asegurando que "en vez de centrarse en la gestión sanitaria se convierte en un caballo de Troya de la ingeniería social, introduciendo terminologías ajenas a la realidad profesional y biológica de nuestros pacientes y profesionales". "Legislar sobre personal estatutario requiere rigor, no cursilería terminológica ni concesiones a la izquierda", ha rematado.
Pediatra en Liébana
En otro punto del orden del día, todos los grupos parlamentarios han apoyado una moción del PSOE que reclama declarar la plaza de pediatría en Liébana como de difícil cobertura.
El texto también plantea realizar un estudio de aquellas plazas de Atención Primaria que, por su ubicación, dispersión geográfica o por próximas jubilaciones, puedan pasar a ser de difícil cobertura, así como impulsar medidas específicas de incentivo o discriminación positiva para que estas plazas resulten "atractivas".
Parques infantiles y ocio inclusivo
Asimismo, se ha aprobado una iniciativa del PSOE para que el Gobierno colabore financieramente con los ayuntamientos en la instalación, adaptación y mejora de parques infantiles y zonas de ocio familiar accesibles e inclusivas para personas con discapacidad y menores con necesidades especiales. Todos los grupos han votado a favor salvo el PP, que se ha abstenido.
Los socialistas consideran "indispensable" esta cooperación del Ejecutivo autonómico ante la "limitada" capacidad económica de numerosos consistorios para abordar con fondos propios actuaciones que permitan cumplir los estándares de accesibilidad.
Vox presentó una enmienda para restringir esa ayuda del Gobierno a los municipios de menos de 5.000 habitantes y, además, para exigir un inventario de todos los parques infantiles y espacios de ocio familiar que no se ajustan a las normas vigentes de accesibilidad e inclusión.
El PSOE rechazó la enmienda al entender que acotar la colaboración solo a los ayuntamientos pequeños "va en contra de la naturaleza de universalidad" de la medida y dejaría fuera "a más del 50% de la población de Cantabria". Sobre el listado propuesto por Vox, advirtió de que podría demorar la puesta en marcha de la iniciativa e incluso servir de "excusa perfecta" para que el Gobierno no la lleve a cabo.
Pese a ese rechazo, Vox ha terminado apoyando la propuesta, mientras que el PP ha mantenido su abstención al considerar que la iniciativa socialista "contiene importantes e insubsanables errores, carencias y falta de rigor jurídico", "gazapos" que, a su juicio, impiden respaldarla.
Además, los 'populares' han afeado al PSOE que presente ahora esta propuesta cuando ya no está en el Gobierno y que se lance "a exigir políticas de gasto como si no hubiera un mañana y no hubiera existido un ayer" en un contexto de prórroga presupuestaria.