El Parlamento de Cantabria se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender las “pasarelas” o equivalencias aprobadas en la comunidad entre los distintos grados de dependencia y discapacidad, frente al recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, por una supuesta invasión de competencias estatales.
En el Pleno celebrado este lunes, y con el respaldo de PP, PRC y Vox y la abstención del PSOE, la Cámara autonómica ha acordado intervenir en el procedimiento abierto por el recurso del Ejecutivo central, que busca anular parcialmente el artículo de la Ley cántabra de Simplificación Administrativa donde se regulan dichas equivalencias.
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha calificado de “incomprensible” que el Gobierno de Sánchez haya impugnado una medida cuyo fin “legítimo” es “reducir esperas, simplificar trámites y evitar duplicidades, sin renunciar a garantías y a la seguridad jurídica”. Según ha explicado, la norma “reduce la burocracia” y pretende “agilizar” la tramitación de los expedientes de discapacidad de quienes ya han sido evaluados presencialmente para el reconocimiento de la dependencia.
Para ello, la ley introduce un sistema que fija “una presunción general de equivalencias” entre cada grado de dependencia y el correspondiente nivel de discapacidad. Frente a la interpretación del Gobierno central, la consejera ha defendido que la regulación autonómica no vulnera ni altera la normativa estatal, sino que Cantabria “lo que está haciendo es exactamente lo que puede hacer”, esto es, actuar “con garantías y eficacia en su ámbito competencial de Servicios Sociales” y “mejorar el procedimiento con una presunción revisable y hacerlo sin tocar la regulación estatal”.
La responsable de Inclusión Social ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de ampararse en “una interesada interpretación de la normativa estatal” para impedir que las personas con discapacidad en Cantabria accedan con mayor rapidez a prestaciones, servicios y beneficios fiscales. A su entender, el Gobierno central “pone trabas al reconocimiento de la discapacidad” por un “claro afán recaudatorio”, ya que el reconocimiento de un grado de discapacidad es, ha dicho, no solo “la llave” para acceder a servicios y ayudas, sino también a deducciones tributarias. “Por eso paraliza el reconocimiento de la discapacidad”, ha insistido.
Gómez del Río ha subrayado además la contradicción que, a su juicio, supone que mientras el Ejecutivo central intenta frenar el modelo cántabro, esté tramitando una reforma legal con la que “pretende copiar parcialmente” lo que se aplica en la comunidad, creando una asimilación entre dependencia y discapacidad pero “sin efectos fiscales”.
Reclamación por la financiación de la dependencia
La consejera ha aprovechado también su intervención para denunciar que el Gobierno de Sánchez no está cumpliendo con la financiación del 50% del sistema de dependencia comprometida con la comunidad autónoma. Ha detallado que “en el año 2023 solo abonó un 32%, en el 2024 un 24% y en el 2025 algo más de un 29%”, y ha asegurado que “lo que debe” el Estado a Cantabria superaría los 115 millones de euros.
Posición de los grupos parlamentarios
Desde el PP han respaldado la defensa de la consejera y consideran que el recurso de inconstitucionalidad supone un “nuevo atropello” del Gobierno central a Cantabria, con el que pretende “fustigar una vez más a una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que está haciendo bien las cosas”. El diputado popular Alejandro Liz ha afirmado que “no soporta el señor Sánchez que haya una comunidad gobernada por el Partido Popular con normas que funcionan, que agilizan, que inciden en el bienestar de los ciudadanos. No lo soporta porque evidencia la capacidad de gestión de los gobiernos del Partido Popular frente a la inoperancia del Partido Socialista”. A su juicio, a Sánchez “las competencias le importan un carajo” y “las únicas que le interesan son aquellas que puede utilizar como moneda de cambio para pagar y compensar a sus socios secesionistas vascos y catalanes”.
El PRC ha apoyado que el Parlamento se persone en el proceso, si bien considera que corresponde al Constitucional determinar si realmente se han invadido competencias estatales. Vox se ha expresado en términos similares y sostiene que la Cámara no puede dejar de comparecer en el procedimiento, porque “porque ello sería en la práctica, aceptar sin contradicciones la tesis del Gobierno y eso no es responsabilidad institucional”.
El PSOE, por su parte, ha manifestado que comparte la “necesidad de hacer más ágil, más humano y más coherente el sistema de atención a las personas en situación de vulnerabilidad” y de que se deben “evitar duplicidades, formularios infinitos o valoraciones repetidas que desgastan”, pero ha recalcado que en un Estado de Derecho “no basta con la buena intención” y “hay que actuar conforme a la ley y dentro del marco competencial que la Constitución establece”. A su entender, cuando una comunidad autónoma intenta fijar pasarelas automáticas que conectan de forma directa ambos sistemas de valoración “está afectando a un terreno que no es de su competencia”.
La diputada socialista Norak Cruz ha considerado además “llamativo” que el PP, “que no se cansa de hablar de igualdad entre territorios y de respeto a la ley, sea el primero en saltarse los principios que dice defender”. Ha criticado que se reclame “la uniformidad para unas cosas y la autonomía absoluta para otras, según les convenga políticamente”.