El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad promover la puesta en marcha del Consorcio Autonómico de Transportes.
La iniciativa, una proposición no de ley registrada por el Grupo Socialista, reclama al Gobierno de Cantabria (PP) que active este consorcio como herramienta estable de coordinación, planificación estratégica y gestión conjunta del transporte público en la Comunidad Autónoma.
La propuesta incluye además la convocatoria inmediata de los grupos de trabajo en materia de transporte, con presencia de todas las partes implicadas --administraciones, operadores, agentes sociales y económicos y representantes de la ciudadanía--.
Con ello se persigue fijar las bases jurídicas y administrativas para la creación del consorcio; concretar su modelo de gobernanza y un sistema de financiación “estable y suficiente”; diseñar una planificación global basada en la eficiencia, la cohesión territorial, la sostenibilidad, la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades; y avanzar en la integración tarifaria, la coordinación real de horarios y servicios y la intermodalidad del sistema.
El diputado socialista Pablo Zuloaga ha subrayado que el transporte público en Cantabria está “fragmentado” en su planificación, gestión y funcionamiento, con “horarios poco coordinados, transbordos inciertos o tiempos de espera excesivos”. A su juicio, “el problema no es solo de oferta, sino de organización del sistema de transporte público en Cantabria”.
En este sentido, ha reivindicado el desafío de “construir un sistema que sea capaz de responder a los desafíos del futuro y del presente de Cantabria, la transición ecológica, el reto demográfico, la eficiencia en el gasto público y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía de Cantabria vivan donde vivan”.
La meta, ha añadido, es impulsar “un mejor modelo de transporte que atienda la necesidad de Cantabria, garantice la no desigualdad en el territorio y que promocione la igualdad entre todos los lugares, como Los Tojos o cualquier otro municipio, donde no por residir en zonas rurales tengamos menos y peores servicios”.
El Grupo Popular ha respaldado la iniciativa porque “hay que hacer un consorcio de transportes”, aunque Rafael de la Gándara ha advertido de que “tiene que haber una base de infraestructuras”, y ha criticado la “deuda histórica con la comunidad autónoma de Cantabria del Gobierno de Sánchez”.
Por su parte, el diputado regionalista Pedro Hernando ha abogado por “permitir viajar a todos los ciudadanos de Cantabria”, “salvar” la brecha con el medio rural y avanzar hacia una gestión centralizada que permita “optimizar” y reducir el uso del vehículo privado y las emisiones de combustible.
También Vox ha considerado “sensata” la propuesta y “coherente” con sus planteamientos. Armando Blanco ha defendido “avanzar hacia una red de transporte solvente, fiable y con financiación adecuada, y lograr una integración que facilite la vida a los usuarios y sea eficaz para el conjunto de los cántabros”.
Plan de dependencia con horizonte a largo plazo
En otro punto del orden del día, PRC, PSOE y Vox se han unido, frente al voto en contra del PP, para sacar adelante una nueva moción que reitera otra aprobada por unanimidad el 7 de abril de 2025. El objetivo es realizar un estudio de necesidades sobre la atención a la dependencia en Cantabria a largo plazo, con un horizonte mínimo de 15 años.
Vox, que ha impulsado esta moción, ha denunciado el “incumplimiento” del Gobierno de Cantabria (PP) de la resolución parlamentaria de 2025 que le instaba a presentar antes de final del pasado año un borrador del Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040.
Este nuevo pronunciamiento se produce tras una interpelación del 30 de marzo, en la que la consejera Begoña Gómez del Río explicó que el futuro Plan de Inclusión Social, licitado en verano, se retrasó por una baja temeraria y el contrato sigue pendiente de formalización.
En su intervención, el diputado de Vox Armando Blanco ha insistido en que la moción persigue diseñar una estrategia “a largo plazo” para atender a la generación del 'baby boom', que comienza a jubilarse. Ha recordado que el 4% de la población cántabra presenta algún grado de dependencia con necesidad de atención y ha advertido de que, de cara a 2040, se prevé “un incremento del 50%” sobre las cifras actuales, hasta llegar a 32.000 personas.
Blanco ha señalado que el Plan de Inclusión Social del Ejecutivo regional fija su horizonte en 2030, una década antes, y ha opinado que “puede que nos dé una visión ajustada” de la situación actual, pero ha defendido la necesidad de “adelantarse” a lo que sucederá en la década de 2040 en la comunidad.
La regionalista Rosa Díaz ha respaldado esa planificación de largo recorrido para abordar problemas “estructurales” más allá del ciclo de cuatro años, como la reducción de las listas de espera, la agilización de los trámites, el aumento de la oferta y la equidad territorial en el ámbito rural.
Para la diputada socialista Norak Cruz, el Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040 encaja “perfectamente” con las políticas del Gobierno de España, siguiendo la hoja de ruta del Ministerio de Servicios Sociales, que “va a servir para modernizar los servicios sociales, desinstitucionalizar residencias y desarrollar una nueva economía de los cuidados hasta el 2027”, ha señalado.
Desde el PP, Alejandro Liz ha rechazado ese supuesto “incumplimiento” de elaborar un plan a largo plazo, ha acusado a Vox de lanzar “mentiras” y ha defendido que ya se han dado pasos “efectivos” para que el Plan de Inclusión cumpla “taxativamente, de manera inflexible y a rajatabla” los términos marcados por aquella resolución, “incluidos los plazos”.
Voto en contra a la PNL de Vox sobre inmigración
En otra de las votaciones, PP, PSOE y PRC han tumbado la proposición no de ley de Vox contra la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de Ministros (PSOE-Sumar). Vox también ha rechazado una enmienda de modificación del PP a su propio texto.
La PNL de Vox planteaba auditar las concesiones de nacionalidad de los últimos años; repatriar a los inmigrantes que entren de forma irregular en el país, así como a los menores extranjeros no acompañados; deportar a cualquier inmigrante que “cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse”; y fijar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.
Además, proponía instar al Gobierno de España a suprimir las ayudas y beneficios sociales a los inmigrantes ilegales; retirar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas; y endurecer las penas contra las mafias vinculadas a la inmigración irregular, entre otras medidas.