El Pleno del Parlamento de Cantabria manifestó este lunes su oposición a los proyectos eólicos de Fuente Pico, Moncubo, Las Mazas y Sierra de Sel, así como a los anteproyectos de Astillero I y II y al almacén de baterías “BESS Solórzano”, instando al Ejecutivo autonómico del PP a promover su denegación.
La Cámara regional expresó este rechazo a raíz de una moción del PRC, que salió adelante con el respaldo del PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
El PP optó por la abstención al entender que la propuesta regionalista plantea “cosas ilegales”, al exigir un pronunciamiento contrario del Gobierno de Cantabria antes de disponer de los informes técnicos. El diputado popular Alejandro Liz defendió que es preciso aguardar a dichos informes, ya que “lo otro sería prevaricar”.
La moción reclama al Gobierno que, “conforme a la normativa vigente, y en coherencia con la estrategia energética regional, manifieste su parecer contrario y formule los informes, observaciones y alegaciones desfavorables que procedan en los procedimientos de autorización administrativa previa y evaluación/declaración de impacto ambiental de los proyectos citados y sus infraestructuras de evacuación, con el fin de impulsar la denegación de su autorización”.
Durante el debate, el PP aprovechó para cargar contra la gestión energética de anteriores ejecutivos de PRC y PSOE. Liz llegó a afirmar que “en materia energética, ustedes hicieron mucho el indio”, recordando que el concurso eólico impulsado en 2009 por el Gobierno bipartito PRC-PSOE fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo.
Desde el PRC rechazaron las acusaciones del diputado popular y también descartaron una enmienda del PSOE, que aun así se sumó al voto favorable a la moción regionalista.
La enmienda socialista proponía modificar el apartado relativo a la petición al Gobierno para que promoviera la denegación de los proyectos, introduciendo una redacción alternativa.
Además, el PSOE planteaba incorporar un tercer punto en el que se instaba al Ejecutivo autonómico a suspender de forma temporal la concesión de licencias para nuevos parques eólicos hasta que el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) quedara aprobado definitivamente y entrara en vigor.