Los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) unieron este lunes sus votos en el Pleno del Parlamento de Cantabria para sacar adelante una iniciativa regionalista que insta al Gobierno autonómico del PP a adoptar, “de forma inmediata”, un paquete de medidas para mitigar en las familias y en los sectores productivos los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.
El texto, que contó con la abstención del PP al considerarlo una propuesta “precipitada”, incorpora actuaciones específicas para los sectores del transporte, la pesca y el campo, junto a otro bloque de alcance más general orientado a hogares y tejido económico.
En el ámbito del transporte, se solicitan ayudas directas por vehículo para compensar el encarecimiento del combustible y un complemento autonómico al gasóleo profesional. Para el sector pesquero, se plantean también compensaciones directas por el coste del combustible y una rebaja de las tasas portuarias. En el caso del sector agrario, se reclaman ayudas al gasóleo agrícola y subvenciones para fertilizantes y piensos.
En un plano más amplio, se piden para los sectores productivos subvenciones directas a pymes y autónomos especialmente golpeados, bonificaciones sobre el sobrecoste energético, entre otras medidas. Para las familias, se proponen bonificaciones en el transporte público, la creación de un bono energético autonómico y aplazamientos o reducciones de tasas autonómicas, entre otras actuaciones.
El PP, pese a ser el grupo con mayor representación pero sin mayoría absoluta, fue el único que no respaldó la iniciativa, optando por la abstención al entender que el PRC ha actuado de manera “irresponsable” al impulsar un texto que, a su juicio, resulta “precipitado”.
Según argumentó su diputado Alejandro Liz, “todavía no podemos adivinar la magnitud de esta crisis que amenaza con ser estructural”.
Liz incidió en que “estamos hablando de una crisis de país, no de una comunidad autónoma” y defendió que las principales decisiones deben adoptarse “fundamentalmente por parte del Gobierno de España” y en el marco de la Unión Europea.
Pese a ello, garantizó que la “maquinaria autonómica está ya en marcha y preparada para complementar aquellas medidas que el Gobierno central tiene que poner en marcha y todavía no ha puesto”. A su entender, “el decreto llamado anticrisis es absolutamente insuficiente”.
En esta línea, aseguró que el Ejecutivo cántabro “tomará las medidas que tenga que tomar para proteger, ayudar y apoyar a las familias, a los autónomos, al tejido productivo de Cantabria” pero “cuando se tengan que tomar”.
El parlamentario popular afeó al PRC que exija decisiones inmediatas “sin esperar a analizar adecuadamente la solución” ni estudiar “qué medidas son más idóneas”. “Es algo muy serio que hay que estudiar y analizar”, remarcó.
Según explicó, este es precisamente el cometido del comité de coordinación de la crisis de Irán constituido en Cantabria a iniciativa del Gobierno regional, en el que participan distintas entidades y colectivos de los ámbitos público y privado.
Este órgano se reunió este lunes por segunda vez para seguir el impacto del conflicto en la economía cántabra, revisar las medidas incluidas en el Decreto-Ley aprobado el jueves por el Gobierno de España, plantear mesas de trabajo sectoriales y continuar incorporando nuevas actuaciones “si fuera necesario, que lo será”, según señaló el consejero de Industria, Eduardo Arasti, antes del encuentro.
Desde el PP reclamaron al PRC y, en general, al resto de la oposición que “dejen el alarmismo y la demagogia” y actúen como el Ejecutivo autonómico ante esta crisis: con “agilidad” pero “sin precipitación”; “con sosiego, con responsabilidad, con contacto permanente con el tejido productivo”.
Además, Liz reprochó a los regionalistas que ahora exijan “inmediatez” cuando, según dijo, el anterior Gobierno bipartito PRC-PSOE esperó “cinco meses con la guerra de Ucrania para tomar la primera medida”, extremo que fue negado por las portavoces Paula Fernández (PRC) y Ana Belén Álvarez (PSOE).
Ambas diputadas urgieron igualmente al actual Ejecutivo a actuar ya dentro de sus competencias. “Gobernar no es analizar, es decidir”, sostuvo la socialista, mientras que la regionalista replicó al PP: “si quieren les decimos cómo se hace”.
Fernández añadió que “con las cosas de comer, pues no se puede jugar”, “como lo están haciendo ustedes”.
Vox, por su parte, respaldó la propuesta regionalista, aunque puntualizó que ese apoyo no implica “un respaldo a su calculado oportunismo político”.
Rechazo a las enmiendas de PP y Vox
Vox presentó una enmienda de adición con nuevas medidas “anticrisis” que, a su juicio, “mejoraban” el planteamiento del PRC y se centraban en el ámbito fiscal, que considera “donde se tiene que atajar el problema”, según expuso la diputada Natividad Pérez Salazar.
Entre esas propuestas figuraba una dirigida al Gobierno autonómico para la deflactación de los tipos del IRPF para bases liquidables inferiores a 60.000 euros, junto a otras tres reclamaciones al Ejecutivo central.
El PRC no aceptó esta enmienda ni tampoco la registrada por el PP.
La propuesta de los populares incluía nueve medidas orientadas al Gobierno de España, entre ellas suspender temporalmente la aplicación de las reglas fiscales para disponer de mayor margen de gasto y afrontar los costes “sobrevenidos” de la guerra, así como actualizar a 2026 las entregas a cuenta del sistema de financiación.
Además, se pedían actuaciones para impulsar la cogeneración, incrementar las ayudas a la industria por el coste de las emisiones de CO2 y aplicar bonificaciones en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para la industria electrointensiva.
La enmienda recogía un segundo punto dirigido ya al Gobierno cántabro, instándole a realizar “un seguimiento pormenorizado de las consecuencias económicas del conflicto de Irán y al estudio de medidas a adoptar, en el marco del comité creado, para “en caso necesario”, “complementar” las adoptadas por el Gobierno central.