Todos los grupos con representación en la Cámara cántabra (PP, PRC, PSOE y Vox), junto con el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, han apoyado en la sesión de tarde del Pleno de este lunes una proposición no de ley del PRC destinada a impulsar el reconocimiento efectivo del Covid persistente o post Covid-19.
El texto aprobado incluye un paquete de actuaciones tanto a escala estatal como autonómica. En el plano nacional, se solicita al Gobierno de Cantabria (PP) que, a su vez, inste a los ministerios de Trabajo y de Economía Social (PSOE-Sumar) a promover ese reconocimiento como entidad clínica diferenciada, así como a revisar y unificar los criterios de valoración para acortar tiempos de tramitación y evitar que el acceso a prestaciones dependa "de años de recursos judiciales".
Asimismo, se reclama una coordinación estable entre los ministerios de Sanidad y Trabajo con el fin de fijar un marco común que reduzca "desigualdades territoriales" y aporte mayor seguridad jurídica a los afectados.
En el ámbito de Cantabria, la iniciativa se concreta en cuatro actuaciones "esenciales": poner en marcha un plan específico de formación para médicos y personal de enfermería de Atención Primaria; impulsar un registro homogéneo de pacientes en el Servicio Cántabro de Salud; potenciar la investigación aplicada a través del Idival, y analizar la creación de un circuito o unidad multidisciplinar de referencia para los casos más graves o complejos, siguiendo el modelo ya implantado en otras autonomías.
Durante la defensa de la propuesta —que incorporó una enmienda del PSOE aceptada por el PRC—, la regionalista Paula Fernández explicó que la iniciativa busca dignificar y dar visibilidad a unos enfermos que "se ven obligados a vivir lastrados con una enfermedad que les incapacita en su día a día".
Fernández precisó que, según los cálculos de la Asociación Cantabria de Afectados por Secuelas del Covid y Covid Persistente —cuyos representantes asistieron al debate desde la tribuna—, esta patología podría estar afectando al menos a 2.000 personas en la comunidad.
"Para estos enfermos la pandemia continúa cinco años después", lamentó la diputada, que describió los obstáculos a los que se enfrentan tanto en el ámbito sanitario, con diagnósticos fragmentados o repetición de pruebas, como en el laboral, donde "adaptar un puesto de trabajo, sostener una incapacidad temporal o solicitar una incapacidad permanente se convierte en una verdadera carrera de obstáculos".
La parlamentaria subrayó que algunos afectados solo logran el reconocimiento efectivo tras largos procesos en los tribunales. Por ello, insistió en que los jueces "no pueden sustituir la planificación sanitaria ni la coordinación entre las distintas administraciones implicadas" y advirtió de que "cuando más retrasemos la adecuada atención a estos pacientes, más sufrimiento acumularemos y más judicialización provocaremos".
En términos similares se expresó la diputada del PSOE Norak Cruz, quien recalcó que al Gobierno autonómico "no le queda más que ponerse a trabajar y demostrar su compromiso con las personas afectadas con el Covid persistente".
En este sentido, sostuvo que, "ahora más que nunca", es imprescindible "un sistema público de salud que esté comprometido a ofrecer una atención integral basada en la equidad, la evidencia y la atención continuada a todas las personas".
Desde Vox, Natividad Pérez, que pese a criticar que la propuesta "llega tarde", avanzó el respaldo de su grupo por "puro sentido común". Aprovechó su intervención para reprochar a regionalistas, socialistas y 'populares' su gestión sanitaria tanto en la anterior legislatura como en la actual, y calificó la situación como "herencia" del modelo de "las 17 sanidades".
Pérez defendió que es "urgente" organizar unidades multidisciplinares y reforzar la capacitación del personal de Atención Primaria, pero reclamó que no se genere más carga burocrática y exigió que "cada euro destinado a esta patología se obtenga de la reducción drástica del gasto político superfluo que este Gobierno se resiste a eliminar".
Por parte del PP, Miguel Ángel Vargas reivindicó el trabajo que el Ejecutivo viene realizando con la asociación de afectados y enumeró tres metas "claras" del Gobierno: poner en marcha un registro de pacientes, reforzar la formación de los profesionales sanitarios y crear un circuito especializado, en línea con lo que plantea la iniciativa del PRC.
"Nos alegramos (los 'populares') que esto le preocupe ahora al PRC y que se sume al trabajo para dar soluciones a los afectados por el Covid persistente", afirmó, antes de recalcar que los regionalistas "siempre van a tener un aliado" en el PP para "reforzar la salud pública y todo aquello que venga fuera de titulares y con trabajo serio y responsable".