El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde, con el apoyo de todos los grupos, a la reforma de la ley autonómica de Reconocimiento, Homenaje y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, con la que se amplían las indemnizaciones para las víctimas y sus familiares, incorporando a más beneficiarios.
Transcurridos más de dos años desde que la norma entró en vigor, la finalidad de esta actualización es “mejorar y aclarar determinados aspectos de su regulación, así como incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndolos en beneficio de las víctimas y sus familiares”, logrando así “mejor cumplimiento” de los objetivos previstos.
Con esta modificación se refuerza uno de los fines centrales de la Ley: establecer un sistema de reparación integral por los daños derivados de los atentados terroristas y proteger los intereses de las víctimas del terrorismo.
Entre las novedades, se reconoce como beneficiarios a los herederos de quienes, teniendo derecho a percibir las ayudas previstas en la Ley, hubieran fallecido antes de su entrada en vigor, siempre que dichos herederos sean cónyuges o personas unidas por análoga relación de afectividad, o familiares consanguíneos hasta el segundo grado.
Asimismo, se amplían los supuestos que dan derecho a indemnización, incluyendo a las víctimas de secuestro y a quienes hayan sufrido amenazas o coacciones directas y reiteradas por parte de organizaciones terroristas cuando, en este último caso, dichas circunstancias hayan obligado a fijar su residencia familiar en algún municipio de Cantabria.
En estos nuevos supuestos, igual que en los ya contemplados en la legislación vigente, la concesión de las indemnizaciones estará condicionada al cumplimiento de los requisitos legales y, de forma especial, al reconocimiento previo por el Ministerio del Interior de la condición de víctima del causante de la indemnización. Las cuantías ascenderán al 30% de las cantidades reconocidas por la Administración del Estado.
La Cámara ha votado este lunes el proyecto de ley impulsado por el Gobierno regional. Con anterioridad, el 1 de diciembre de 2025, el Parlamento ya había aprobado una modificación de esta misma norma, con un contenido semejante, a través de una proposición de ley registrada por Vox.
En este contexto, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha detallado que el pasado octubre el Ejecutivo autonómico (PP) remitió el texto del proyecto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo con el fin de alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, ha reprochado que Vox “se adelantó” y presentó una proposición de ley, “hecha en una noche y a todo correr, sin informes y sin ningún trámite que garantice que cumple lo que las víctimas querían”, que fue aprobada por el Parlamento en diciembre por unanimidad.
Tras ese episodio, Urrutia ha instado a “dejar de lado” los personalismos y regresar “al entendimiento, al acuerdo, a la lealtad” con los valores y principios que inspiraron la norma, así como al consenso alcanzado cuando se aprobó por primera vez esta ley en Cantabria, con la que, ha recordado, se saldó con la sociedad “la deuda pendiente” que se mantenía desde hace “muchísimos años” con las víctimas del terrorismo, mediante su reconocimiento, memoria, justicia y dignidad.
“En estos días que sentimos asco y se nos ponen los pelos de punta de ver cómo salen de la cárcel asesinos que quebraron la vida y muchas familias”, ha añadido la consejera.
En la misma línea, el diputado del PP Juan José Alonso ha señalado que lo acordado hoy “corrige lo que las prisas de unos y la hipocresía de otros provocaron que el pasado mes de diciembre no se hicieran las cosas adecuadamente bien”, pero también, y “lo más importante, hace justicia a quien lo merece”.
Desde el PRC, su portavoz, Pedro Hernando, considera que “no es el momento” de reprochar quién impulsó la iniciativa, sino de “mirar hacia adelante” y, coincidiendo con la cercanía del 11 de marzo, que “todas las víctimas vean que el conjunto de los partidos hemos hecho una apuesta clara por lo que tiene que ser la política responsable: trabajar para los ciudadanos, para el bien común y para solventar los problemas y no para crearlos”.
Por su parte, el diputado socialista Joaquín Gómez ha subrayado que “lo importante son las víctimas” y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios, que coincide con el 34 aniversario del atentado de ETA en La Albericia, en el que murieron tres personas y resultó herida una veintena.
Mientras, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha defendido que lo ocurrido en diciembre fue “al revés” de lo relatado por la consejera, pues el Gobierno autonómico registró su texto después de que Vox hubiera presentado su proposición “previamente”.
En este sentido, ha recordado que su grupo ya había advertido de que, si para después del verano, es decir, con nueve meses de margen, el Ejecutivo no remitía la reforma a la Cámara, sería Vox quien la llevaría al Parlamento porque era “el compromiso que habíamos adquirido”.
El diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, ha añadido que “no tiene sentido plantear cualquier discusión sobre esta ley”. A su juicio, es “obligación” de los parlamentarios impulsar leyes, y ha criticado que las proposiciones de ley, que “se aprueban como rosquillas”, en realidad “no se cumplen” y no generan “ninguna consecuencia”.
Tras la aprobación, con 35 votos favorables, de la modificación de la ley, se faculta a los servicios de la Cámara a introducir las correcciones terminológicas necesarias y a ordenar el texto definitivo.