El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha explicado que el Proyecto Altamira continúa a la espera de que finalice la planificación eléctrica y de que se publique normativa “esencial”, entre ella el nuevo real decreto del Gobierno de España que fijará los requisitos para los centros de datos. Frente a ello, el PRC ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo al sostener que “no hay nada” once meses después de anunciarse públicamente esta iniciativa.
Arasti ha intervenido en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento, donde el PRC le ha interpelado sobre las garantías reales de ejecución del proyecto impulsado por Stoneshield, que contempla una inversión privada de 3.600 millones de euros y la creación estimada de 1.500 empleos en la fase de desarrollo y 1.450 en la etapa operativa. El complejo se ubicaría en suelo industrial de Piélagos y Villaescusa, terrenos que la promotora ya ha comprado por cerca de 10 millones de euros.
El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha reprochado que, casi un año después de la presentación conjunta del proyecto por parte del Gobierno y la empresa, “no hay nada”, pese a que se marcaron plazos para las tres fases, con la aprobación del PSIR en diciembre de 2025 y el inicio de las obras en enero de 2026.
“La decepción ha sido absoluta”, ha afirmado Hernando, que ha recordado que tras el anuncio aparecieron “documentos censurados, informes de la Universidad de Cantabria que ha habido que forzarle a que los entregara (al Parlamento) y, como no hay nada detrás, se han inventado en todo este proceso el problema de la falta de energía”. También ha afeado al consejero que no haya mantenido ninguna reunión “al más alto nivel” con Red Eléctrica, como dijo que haría. “¿Qué parte hay que creer?... A día de hoy, me temo que no hay nada de nada”, ha concluido.
En su réplica, Arasti ha subrayado que el planteamiento del Proyecto Altamira corresponde a la promotora y ha indicado que ya se ha reunido en dos ocasiones con la presidenta de Red Eléctrica. Ha añadido que sigue en marcha el proceso de planificación de la red de transporte de energía eléctrica, que aún no se ha resuelto.
Asimismo, ha resaltado que el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio introduce cambios en el procedimiento de concesión de permisos de acceso y conexión a la red, algo que considera “positivo” para el Proyecto Altamira, al incrementar la capacidad disponible y eliminar proyectos de carácter especulativo.
Mediante una disposición adicional de esa misma norma se fijarán más adelante los requisitos específicos para la conexión de los centros de datos a la red eléctrica. Arasti ha destacado también la creación de un comité de proyectos estratégicos, a través del cual el Gobierno de Pedro Sánchez podrá declarar determinadas inversiones como estratégicas y prioritarias para el acceso a la red.
El consejero ha resumido que todavía falta por aprobar normativa “esencial” que incide directamente en el proyecto, “lo cual implica cierto grado de inseguridad jurídica que nunca es buena para una inversión”. Aun así, ha defendido que el Proyecto Altamira es un proyecto “de país”, al considerarlo una respuesta “ambiciosa, viable y estratégica” a la necesidad “urgente” de reforzar la infraestructura digital de España. Ha añadido que el tejido industrial de Cantabria “tiene que cambiar” hacia una industria del conocimiento de alto valor añadido y que, en este contexto, el Proyecto Altamira “es una oportunidad única”.
“Nos está mintiendo”, ha insistido Hernando, que ha acusado a Arasti de que “está reculando” y de que en el Pleno “ha empezado a escurrir el bulto”. “Le han pillado con el carrito del helado con este proyecto”, ha remachado, para sostener que la realidad es que “ni hay proyecto, ni hay inversión, ni hay nada. “Hay un prao sin nada”, ha enfatizado, asegurando que, además de “preocupado”, ahora también se siente “indignado”.
Bajada de ratios en las aulas: modelo progresivo y mixto
En otro punto del debate, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha sido interpelado por el Grupo Socialista sobre los criterios de la Consejería para la reducción de las ratios de alumnos por aula en las enseñanzas no universitarias. Silva ha defendido que en Cantabria “no tenemos un problema estructural” en esta materia, ya que las cifras actuales se sitúan por debajo de los máximos legales.
Ha precisado que la ratio media en la comunidad es de 19,3 alumnos por aula —16,4 en Primaria y 22 en Secundaria—, frente a los 20-22 recomendados a nivel europeo y estatal. Según ha indicado, Cantabria se coloca como la tercera comunidad autónoma con mejores datos, y la media por docente es de 9,1 alumnos, frente a los 12,5 de la UE y los 11,3 de España.
Silva ha recalcado que la Consejería “trabaja” con la Junta de Personal Docente en un acuerdo general sobre ratios. Ha recordado que el Ejecutivo ha presentado cuatro propuestas, todas rechazadas, pero mantiene su intención de alcanzar un pacto “global” para toda la enseñanza obligatoria, de 6 a 16 años, mediante un convenio que permita estudiar “con progresividad” el efecto de las medidas.
Ha descartado una reducción brusca de ratios en dos o más cursos “de golpe”, al advertir de que ello generaría “sí o sí” problemas de espacio en centros de zonas urbanas y periurbanas. En su lugar, ha apostado por una estrategia “mixta”, con una rebaja “generalizada” y otras actuaciones “más específicas” en aulas heterogéneas —con alumnado de incorporación tardía o procedente de distintos países—, donde considera “mucho más eficaz” concentrar esa disminución.
Huelga médica e interrupciones voluntarias del embarazo
También ha comparecido en el Pleno el consejero de Salud, César Pascual (PP), a raíz de una pregunta del PSOE sobre por qué las interrupciones voluntarias del embarazo y las ecografías de primer y segundo trimestre no figuran como servicios mínimos en la huelga médica prevista para la próxima semana.
Pascual ha contestado que estas prestaciones no se consideran una urgencia clínica inmediata, tal y como exige la normativa para fijar los servicios mínimos. Además, ha acusado a los socialistas de “intentar construir un relato político sobre una supuesta desprotección a las mujeres que simplemente no existe”, al asegurar que “no consta ni un solo caso” de afectadas durante las jornadas de huelga anteriores.
Según ha detallado, estas atenciones se están garantizando con el personal que no secunda el paro o con los profesionales incluidos en los servicios mínimos, ya que “no tenemos un volumen tan importante”. “No fabriquemos problemas donde no les hay”, ha zanjado.
Por otro lado, el PRC ha preguntado a Pascual por las previsiones de futuro para las intervenciones quirúrgicas y las pruebas en el Hospital Tres Mares de Reinosa, al considerar que “poco a poco se van perdiendo” y que el centro “se va viendo desmantelado”.
El consejero ha rechazado esa visión y ha explicado que, dado que “nunca” llegará a ser un hospital general por la población del área que atiende, se ha optado por “cambiar un poco el modelo para intentar optimizar y virar” hacia un centro especializado en cirugía menor y ambulatoria. Con este enfoque, ha asegurado que el número de intervenciones se ha incrementado en el último año.
Estatuto de las Personas Mayores y ayuda a domicilio
En la misma sesión, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha respondido a una interpelación y a una pregunta de Vox sobre asuntos de su departamento.
En primer lugar, ha indicado que el Estatuto de las Personas Mayores se presentará “cuando los mayores lo decidan” a través del Consejo que los representa. En segundo término, ha aclarado que no se ha registrado ninguna denuncia contra el contrato del servicio de ayuda domiciliaria, prorrogado desde septiembre de 2025, dado que el nuevo contrato, ya adjudicado, permanece suspendido por un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.