El Parlamento de Cantabria aprueba tramitar una ley para garantizar el complemento salarial durante bajas en el sector sanitario

El Parlamento de Cantabria admite a trámite una ley para asegurar el complemento salarial durante bajas en el sector sanitario.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado proceder con la modificación de la Ley 9/2010, que regula el personal de las instituciones sanitarias de la comunidad. Con esta modificación se busca asegurar que el complemento por atención continuada sea percibido por todos los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud (SCS) durante sus bajas por incapacidad temporal.

La sesión plenaria matutina de este lunes ha visto cómo los partidos de la oposición —PRC, PSOE y Vox— han consolidado su voto, al igual que en la sesión anterior donde se rechazó el proyecto de presupuestos para 2026. La proposición, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y apoyada también por el Partido Popular, ha sido aceptada aunque el Gobierno regional había mostrado anteriormente su disconformidad.

La modificación propuesta afecta al artículo 61.2 d de la ley actual, permitiendo el pago de los complementos durante periodos de baja, una medida que hasta ahora no se aplicaba completamente. El diputado socialista Raúl Pesquera ha destacado que esta medida es un acto de “justicia retributiva, de derechos laborales y de igualdad de trato para todos los trabajadores del SCS”. Por su parte, Paula Fernández del PRC ha criticado la política del Gobierno que, a su juicio, ha creado una división injusta entre los profesionales sanitarios.

Miguel Ángel Vargas, del Partido Popular, ha defendido la coherencia de su grupo al apoyar la extensión del complemento. Natividad Pérez, de Vox, ha argumentado que esta iniciativa debería ser innecesaria y ha solicitado al Gobierno reducir el gasto en otros ámbitos para financiar esta medida.

Antes de esta discusión, la Cámara rechazó la opinión del Gobierno que no apoyaba la proposición, con los votos de la oposición y la abstención de un diputado no adscrito. Según la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, esta tramitación incrementaría el gasto de manera no prevista, comprometiendo la estabilidad presupuestaria.

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