El Parlamento de Cantabria sanciona medidas para intensificar la regulación de alojamientos turísticos

El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde de forma unánime a una proposición no de ley que urge al Gobierno cántabro a adoptar diversas acciones con el objetivo de intensificar la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). Entre las medidas propuestas se incluyen la creación de un mapa de riesgo por municipios y la exigencia a las plataformas de verificar y exponer el número de licencia autonómica de los alojamientos que promocionan.

La proposición, que incluye cinco puntos clave, fue inicialmente presentada por el PRC y aceptada con enmiendas del PP y Vox. Con las modificaciones, se requiere al ejecutivo regional (PP) que actualice y fortalezca el registro de empresas turísticas, facilitando la coordinación para identificar alojamientos que operan sin licencia y proporcionando recursos para inspecciones periódicas y verificaciones en un plazo de seis meses, siendo este el único punto que no ha sido modificado.

Adicionalmente, se demanda la creación de un ‘Mapa de riesgo VUT’ en un plazo máximo de ocho meses, que evaluará factores como la densidad de VUT por cada 1.000 viviendas, la variación anual de la oferta, el porcentaje de viviendas vacías y la evolución del precio del alquiler. También se solicita que las plataformas verifiquen y muestren el número de inscripción/licencia autonómica como requisito para anunciar VUT en Cantabria, junto con la promoción de mecanismos legales para la retirada inmediata de anuncios ilegales.

Finalmente, se propone un plan para incorporar viviendas al mercado de alquiler residencial permanente, ofreciendo incentivos específicos a los propietarios.

En el debate, Javier López Marcano, del PRC, señaló que Cantabria tiene el porcentaje más alto de viviendas turísticas y criticó la inseguridad jurídica que el decreto regional sobre VUT genera, trasladando la responsabilidad a los municipios. Por su parte, Mario Iglesias, del PSOE, y Armando Blanco, de Vox, también expresaron preocupaciones similares sobre la falta de un modelo uniforme y la inseguridad jurídica. Alejandro Liz, del PP, defendió la regulación afirmando que las VUT representan solo el 2% del total de viviendas y que el objetivo es ordenar, no prohibir.