La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha registrado este martes en el Parlamento regional una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama la prohibición indefinida de contratar con la Administración Pública de la comunidad autónoma a aquellas personas físicas y jurídicas condenadas por delitos de corrupción, así como a todas las empresas del grupo al que pertenezcan y a las uniones temporales de empresas (UTE) que formen parte.
Además, plantea que esta prohibición pueda aplicarse de forma cautelar desde que existan indicios fundados de corrupción, para evitar que se siga beneficiando a entidades corruptoras mientras se resuelven los procesos judiciales.
En un comunicado, González ha denunciado que «la corrupción supone un grave problema para Cantabria y para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Esta propuesta busca reforzar la prevención, garantizar una gestión transparente y proteger el uso íntegro de los recursos públicos».
La PNL también insta al Gobierno de Cantabria a crear un Registro Autonómico de Empresas Inhabilitadas, así como a promover esta misma línea de actuación en los municipios cántabros, para evitar que la corrupción se infiltre en todos los niveles de la administración pública.
Con esta medida, Podemos aspira a situar a la Comunidad Autónoma «a la vanguardia en la lucha contra la corrupción, enviando un mensaje claro de tolerancia cero ante estas prácticas que dañan el bienestar común».