QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Iñigo Fernández, diputado del PP de Cantabria y senador autonómico, ha expresado su descontento debido a que el Gobierno de España continúa «poner todas las trabas posibles» a la decisión «legítima» del Parlamento regional de anular la ley cántabra de Memoria Histórica y Democrática.
En un mensaje de audio distribuido a los medios, Fernández reaccionó tras la publicación por parte del Boletín Oficial del Estado (BOE) de la suspensión de la derogación de esta ley, una medida tomada por el pleno del Tribunal Constitucional (TC) el pasado 10 de junio.
Fernández argumentó que la anulación de la ley, que fue aprobada en noviembre con el apoyo de PP y Vox y la oposición de PRC y PSOE, es una prerrogativa legítima del Parlamento de Cantabria, órgano competente en la legislación regional.
Recordó también que suprimir esta ley fue una promesa electoral del PP, impulsada y aprobada de manera urgente con el respaldo de Vox, buscando evitar que «el pasado sea usado para sembrar división, discrepancia y discordia para abrir heridas en nuestra sociedad».
Además, criticó la postura del Gobierno de Sánchez de apelar esta decisión, considerándolo «una agresión más del Gobierno de Sánchez a la autonomía de Cantabria».
Finalizó cuestionando por qué Cantabria debe «cargar con la obligación de tener una ley que lo único que sirve es para enfrentar a la sociedad, crear discrepancias, discordias y heridas», mencionando que otras regiones como Murcia y Castilla-La Mancha, así como Ceuta y Melilla, no poseen una ley regional de memoria histórica.
