PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio sacaron adelante en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) mediante la cual el Parlamento de Cantabria censura la actuación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que señalan como “responsable político de la situación actual del sistema ferroviario” que, según sostienen, ha desembocado en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con casi medio centenar de fallecidos.
La iniciativa, promovida por Vox, reclama además que el Gobierno de Cantabria inste al Ejecutivo central a destituir al ministro “por su incapacidad para gestionar eficazmente” sus competencias, “su inacción ante las deficiencias conocidas” y la “grave afectación que sus decisiones u omisiones han tenido sobre la seguridad para los usuarios del servicio”.
En coherencia con ese planteamiento, la PNL plantea reformar el Código Penal para que sean “debidamente castigados” quienes, en el ejercicio de sus funciones, provoquen daños o perjudiquen gravemente “por acción u omisión” el funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de infraestructuras críticas, “cuando tales conductas pongan en peligro la vida o la salud de los ciudadanos”.
El texto incluye también un paquete de medidas técnicas: la implantación de un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria que haga que la repetición de incidencias en un mismo tramo active de forma automática protocolos reforzados de supervisión y respuesta; la revisión de los criterios de priorización de las inversiones de mantenimiento para que los tramos con un historial reiterado de incidencias tengan preferencia; el refuerzo del Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria; la realización de una auditoría integral del estado de toda la red; y la puesta en marcha de un Plan nacional de inversiones ferroviarias con fondos suficientes y un calendario de ejecución definido.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, defendió la propuesta subrayando que “la seguridad no puede competir con proyectos políticamente vistosos”. “No podemos arriesgar la vida de las personas porque hemos prometido nuevas infraestructuras”.
Díaz recordó que “en Cantabria sabemos perfectamente lo que es la dejadez ferroviaria”. A su juicio, la comunidad “ha sido ejemplo de una mala planificación ferroviaria y lo que ha ocurrido desgraciadamente en Ádamuz demuestra que el problema no es territorial, es un problema sistémico”, y reprochó “que no pase nada después de 46 muertos como si fueran un accidente”.
En la misma línea, el PP sostuvo que “no puede ser que por negligencia de un ministro, como consecuencia de la falta de mantenimiento de una infraestructura, se produzcan 46 muertes y además trate de engañarnos”.
El diputado del PP Iñigo Fernández afirmó que “es obligado” reclamar el cese de Puente, pero advirtió de que “los problemas no se acaban aquí” porque, a su entender, el máximo responsable es el presidente Pedro Sánchez. “Y diría algo más, en Cantabria se llama también Pedro Casares -el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno-, porque es el gran consentidor de todo el abandono que sufre Cantabria en materia de transportes y inversiones en trenes y en autobuses”, añadió.
Frente a esta postura, PRC y PSOE rechazaron la PNL apelando a la “responsabilidad institucional” y al “respeto” tanto a las víctimas como a la investigación abierta sobre el siniestro.
Los regionalistas optaron por la abstención y advirtieron de que “lo que no puede ser es que los responsables públicos hagamos responsables de todo y cada una de las cosas que suceden negativas a nuestros adversarios”. “Si queremos buenos responsables públicos, tenemos que tratarles como buenos responsables públicos y debemos darles, al menos, el beneficio de la duda”, señaló el diputado Javier López Estrada.
López Estrada apuntó además que los problemas del ferrocarril “vienen derivados de una probablemente no correcta conservación de las últimas dos décadas”.
Por su parte, el socialista Pablo Zuloaga rechazó con contundencia la PNL, que, según dijo, “bajo la apariencia de preocupación por la seguridad ferroviaria, es un ejercicio más de oportunismo político, de utilización del dolor y de un intento deliberado de erosionar las instituciones públicas del Estado”.
Recordó que el siniestro ferroviario continúa bajo investigación, pero sostuvo que “Vox no busca la verdad”, sino “convertir una tragedia en un arma arrojadiza”.
Polémica por la planta de biogás de Hazas de Cesto
El tramo final del Pleno de este lunes estuvo igualmente marcado por varias preguntas de Vox sobre la planta de biogás proyectada en Hazas de Cesto, que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Gobierno regional desde julio, pese al rechazo de parte del vecindario.
Vecinos y representantes de la plataforma Stop Macroplanta acudieron al Hemiciclo para seguir las explicaciones del consejero de Fomento, Roberto Media, quien reiteró que el Ejecutivo autonómico fundamenta sus decisiones sobre la continuidad del proyecto exclusivamente en los informes técnicos. Por ello, reclamó a Vox “respeto a los funcionarios que trabajan de forma libre e independiente de injerencias políticas”.
La diputada de Vox Natividad Pérez acusó al Gobierno de sacar adelante la planta “por encima de la voluntad popular” y puso en duda las “garantías” de seguridad y salud para la población del entorno. El consejero replicó denunciando una ignorancia técnica “descomunal” por parte del grupo y le reprochó que trate de “meter miedo a sabiendas intentando rascar unos pocos votos”. “Ustedes por un voto matan, y eso no puede ser”, zanjó.
Media insistió en que “ninguno de los técnicos ha apreciado la existencia de ninguna de esas graves omisiones a las que usted hace referencia sin concretar ninguna”, y calificó de “una barbaridad” sostener que “se ha despreciado el impacto sobre la salud”. “Es una afirmación muy grave que no voy a dejar pasar”.
Vox criticó que desde el Gobierno “prometieron tecnología punta, ausencia total de olores y vertidos cero” y, sin embargo, lo que se tramita “es un proyecto clásico alejado de toda innovación”. Sus reproches se centraron en el empleo de antorchas abiertas para la quema de gases, un sistema al que el grupo definió como “obsoleto”. El consejero aclaró que su uso está previsto solo como mecanismo de emergencia, que operará “en casos puntuales” para evacuar de forma segura y ambientalmente adecuada un eventual exceso de biogás generado en la instalación.
“Quien diga que esa chimenea estará echando fuego continuamente como la de Petronor, como se ha dicho, es un ignorante, un mentiroso o ambas cosas a la vez. No es más que una quema controlada del excedente de gas reduciendo riesgos de explosiones o incendios descontrolados, minimizando además la liberación de contaminantes ya que los gases son destruidos por las altas temperaturas. Su instalación es de obligado cumplimiento en todas las instalaciones”, detalló.
La diputada de Vox reprochó al consejero “esconderse” tras los técnicos y utilizarlos “como moneda de cambio”, tras recordar que en el municipio aseguró que “si ganaban las elecciones, el proyecto no se llevaría a cabo”. A su juicio, “la verdadera política no consiste en ser un mero tramitador de expedientes: es un acto de voluntad al servicio del ciudadano y al bien común”.