PP y Vox han sumado fuerzas en la sesión de tarde del Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes para sacar adelante una proposición no de ley con la que se insta al Gobierno autonómico a que, a su vez, reclame al Ejecutivo central que rechace cualquier iniciativa con la que “pretenda imponer la censura en las redes sociales, coartando la libertad de expresión e información de los españoles”.
La propuesta, impulsada por Vox, ha salido adelante con el apoyo del PP y el rechazo de PSOE y PRC, y se debate en un contexto marcado por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), de prohibir el acceso de los menores de 16 años a determinadas plataformas digitales.
Entre sus puntos, el texto de Vox plantea salvaguardar el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, de modo que “nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones”, así como favorecer el fin de la “cultura de la cancelación”, especialmente “la ejercida por las élites que promueven la Agenda 2030 contra aquellos que se manifiestan en contra de la ideología 'woke' dominante”.
En la defensa de la iniciativa, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez, al que ha acusado de que, “en su deriva totalitaria”, ha decidido con “una burda excusa censurar las redes sociales y cerrarnos la boca”.
Ha subrayado que, a su juicio, la libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino una frontera que “separa la democracia de la dictadura”, y ha vinculado esta cuestión con las políticas de la Unión Europea, como el Reglamento de Servicios Digitales o el de la Libertad de los Medios, que “se nos presentaron como escudos contra la desinformación, pero son el Caballo de Troya de la censura administrativa”.
Díaz ha añadido que con esta decisión el Gobierno central únicamente pretende “controlar” a los jóvenes, un colectivo que, según ha dicho, “ya no le compran el discurso”.
En este sentido, ha cuestionado que “¿los jóvenes de 16 años son lo bastante mayores para cambiar su cuerpo hormonándose o para abortar sin el permiso de los padres pero son incapaces de pensar por sí mismos en una red social?”, y ha reprochado al Ejecutivo que busque “etiquetar como delito de odio cualquier crítica a su gestión”.
Desde el PSOE, la diputada Norak Cruz ha recurrido a la ironía para “solidaridarse” con Díaz por tener que defender una proposición “con una mochila que arrastra detrás de un partido que predica la libertad mientras practica purgas, que se dedica al espionaje interno y dice ser víctima de un sistema opresor mientras disfruta de los derechos y recursos que le otorga la democracia que tanto denigra”.
Ha defendido que la libertad de expresión requiere de instituciones “fuertes, leyes garantistas, jueces independientes y una cultura política que respete la pluralidad”.
Por parte del PRC, el diputado Javier López Estrada ha sostenido que la libertad individual “no está por encima de la libertad colectiva” y ha recalcado que las 'fake news' constituyen “una cosa seria”. Como ejemplo, ha recordado que durante la pandemia de la Covid-19 hubo personas que “enfermó por beber lejía” o que en Estados Unidos se asaltó el Capitolio en 2021 a raíz de informaciones falsas sobre supuestos problemas en las elecciones ganadas por Joe Biden.
López Estrada ha respondido también a Díaz que delito de odio es cuando “un partido político planta un cartelito frente un centro de menores mingrantes no acompañados a hacer apología del odio. Eso es lo que no podemos permitir”, ha señalado, para remarcar que no se puede disponer de un canal que “llega a millones de personas de manera gratuita diciendo barbaridades”.
Desde el Grupo Popular, que ha respaldado la iniciativa, su portavoz, Juan José Alonso, ha criticado que en los últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez intente “menoscabar todo aquello que nos dimos los españoles con la transición y la Constitución de 1978”. Ha citado como ejemplo “el principio de igualdad entre españoles” —en referencia a la financiación autonómica—, denunciando que se “trata a unas comunidades mejor que a otras y diferenciando españoles de primera y de segunda”.
Alonso ha añadido que el presidente del Gobierno actúa contra “todos aquellos que le critican” y ha defendido que cada ciudadano pueda decir “lo que le dé la gana y se haga responsable de lo que diga”. “Eso es lo que procede en un estado de derecho y lo que defendemos desde el Partido Popular”, ha indicado, para insistir en que “no puede establecer límites a la libertad de expresión quien levanta muros e incita al odio y al enfrentamiento entre españoles todos los días”.
En su último turno de palabra, Leticia Díaz se ha dirigido de nuevo a Norak Cruz para reprochar que “haya que escuchar” al PSOE “meterse en casa ajena”, aludiendo irónicamente a “la que tienen liada Zuloaga y Casares”.
“En los partidos dimite el que quiere dimitir, nadie está obligado a estar en un partido y no le voy a decir a usted (Cruz) cómo tiene que aplicar el reglamento de su partido y usted no me va a venir a mí a decir cómo tienen que aplicar en mi partido el reglamento”, ha concluido la portavoz de Vox.