Javier López Marcano, diputado y vocero de PRC en temas de Turismo, ha pronosticado que el nuevo decreto sobre las viviendas de uso turístico (VUT) impulsado por el gobierno de Cantabria «no va a servir para nada» ya que «crea más problemas de los que resuelve y desvía a los ayuntamientos no sólo la responsabilidad, sino también la gestión de unas competencias que no están en condiciones de ejercer».
«La convocatoria tardía, con el decreto ya en vigor, y la escasa afluencia de alcaldes a la reunión celebrada ayer con la Consejería es un claro exponente de que la regulación promovida por el Ejecutivo del PP parece condenada al fracaso», indicó López Marcano mediante un comunicado.
Críticas y propuestas
Para el representante del PRC, este decreto «conduce al desorden en lugar de ordenar» y «pone en un auténtico brete a los municipios, cuando no ostentan ninguna competencia en materia turística». «La regulación y el control del turismo es responsabilidad exclusiva del Gobierno y no puede echar balones fuera», subrayó.
Por esta razón, ha urgido a la Consejería de Turismo a iniciar diálogos bilaterales e inmediatos con cada uno de los municipios para hallar «soluciones factibles, eficientes y adaptadas a una realidad que no es igual en todos los sitios».
Además, ha lamentado que la primera interacción con los ayuntamientos se haya producido tras la implementación del decreto, este lunes, después de «ignorar todas las aportaciones planteadas durante la fase de información pública, que concluyó sin un solo cambio en el borrador inicial presentado».
López Marcano ha considerado «comprensible» la reticencia de los ayuntamientos a participar en la reunión, «a la que apenas asistieron 30 de los 102», destacando la importancia de diálogos bilaterales para tratar las circunstancias específicas de cada municipio.
Adicionalmente, expresó preocupación sobre la inclusión de personas jurídicas como titulares de viviendas turísticas, una práctica que hasta entonces era limitada a personas físicas, y que ahora «abre la puerta a la llegada de fondos o corporaciones que pueden adquirir edificios enteros y crear en ellos grandes complejos de alojamiento turístico».
También criticó que los procedimientos para adaptarse al nuevo decreto sean mandatorios para propietarios de viviendas turísticas «perfectamente legales y adaptadas a la normativa» que ahora enfrentan «más papeleo y burocracia».
Finalmente, López Marcano remarcó que el Gobierno de Cantabria «sigue sin cumplir» el compromiso de aumentar la plantilla del servicio de inspección turística con seis nuevos profesionales, un acuerdo firmado con el PRC que, a su juicio, demuestra que el decreto es solo una medida provisional para «camuflar que no está respetando el acuerdo firmado por la presidenta Buruaga con el PRC».