La consejera de Justicia y Seguridad del Gobierno cántabro, Isabel Urrutia, ha respaldado la actuación del 112 al tramitar la llamada que recibió el Servicio de Emergencias de Cantabria alertando del mal estado de la pasarela de El Bocal, en la senda costera de Santander, realizada un día antes de que se desplomara y causara la muerte de seis estudiantes.
Según ha explicado, el aviso se registró el lunes 2 de marzo a las 12.11 horas, cuando un vecino de la zona avisó de que el puente de madera sobre los acantilados estaba "roto" y advirtió de que, si cruzaba una persona o un grupo, podían caer a las rocas y matarse. El 112 clasificó la incidencia, "como es habitual en este tipo de llamadas", dentro de las doce categorías del sistema de gestión, en concreto como "deficiencia o desperfecto en vía en municipio".
En función de esa tipificación, la información se remite a los organismos previstos en cada supuesto. En este caso, al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes, se trasladó a la Policía Local, ha indicado la también titular de Presidencia y Justicia.
En concreto, la operadora del 112 comunicó a la agente municipal que atendió el teléfono que un puente de madera de la senda que va de El Bocal hacia Cueto estaba "roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a las rocas".
Ambas han sido llamadas a declarar ante la jueza que instruye la causa abierta tras la tragedia ocurrida unas 28 horas después de esas llamadas de alerta: la trabajadora del 112 en calidad de testigo y la policía local como única investigada por el momento.
"Se actuó por parte de la Sala 112 y de los gestores de forma impecable en esta llamada" y se realizó "bien" el trabajo, ha subrayado Urrutia, utilizando el mismo término que empleó la presidenta cántabra, la también 'popular' María José Sáenz de Buruaga, días después del siniestro. "Nunca se llama a otros organismos", "a no ser que se trate de una verdadera emergencia. Entonces sí se activa la emergencia", ha precisado.
La consejera ha contestado así en el Pleno del Parlamento a una pregunta de Vox sobre si existe "constancia oficial" del aviso al 112 acerca del estado de la pasarela y sobre el protocolo de actuación o tramitación del Ejecutivo regional -del que depende el Servicio de Emergencias- ante advertencias de deterioro de infraestructuras.
Debate sobre el Geoparque Costa Quebrada y las responsabilidades
La cuestión ha sido planteada por la portavoz del grupo parlamentario Vox, Leticia Díaz, consejera del área entre 2011 y 2015 con el Gobierno del PP, que ha aludido al Geoparque Mundial de la UNESCO de Costa Quebrada -un territorio que comprende ocho municipios, entre ellos Santander, e incluye la senda costera- en lo relativo a la gestión, conservación y señalización de los espacios y elementos que lo integran.
"Los vecinos de la zona llevaban mucho tiempo advirtiendo sobre la situación de esa senda costera que forma parte de Costa Quebrada", ha afirmado Díaz, para aludir después a una reunión del Consejo de Distrito de esta zona de la ciudad celebrada el pasado otoño y en la que, según ha señalado, los asistentes "apuntaron específicamente" al estado del punto donde se produjo el siniestro.
Ha añadido que el concejal del Ayuntamiento responsable de esta área de Santander habría indicado en ese encuentro que el Geoparque se gestiona mediante su órgano de gobernanza, "constituido por diversas consejerías del Gobierno de Cantabria" además de los ayuntamientos integrados, entre ellos Santander, ha remarcado Díaz.
Ha detallado que esto se expuso en dicha reunión ante "las quejas reiteradas" de los residentes sobre la senda costera, y tal y como reflejaría el acta que estos han entregado a Vox ante la "vergüenza" que -ha dicho- sienten por la actuación de "todas" las administraciones públicas tras una tragedia "de semejante magnitud".
Díaz ha aludido así al choque de competencias entre Costas y el Ayuntamiento -que se señalan mutuamente el mantenimiento del paseo y la pasarela- o al hecho de que no se esté avanzando en "modificar y mejorar" los protocolos de actuación vigentes, para que ante una llamada como la de este caso "no se pueda derivar todo a una sola traslación a un policía local o a una policía local de un ayuntamiento".
"Ante una llamada de esta gravedad, pagando los ciudadanos (de Santander) impuestos por tres servicios de protección civil (local, autonómico y estatal) y aunque es zona de dominio público marítimo-terrestre, se decide que sólo hay que hacer una llamada a la Policía Local de Santander", ha criticado la diputada, a la que Urrutia ha reclamado "más rigor, decencia y responsabilidad".