Vox, PRC y PSOE reclaman un informe financiero sobre la financiación de la carretera Requejada-Suances

Vox, PRC y PSOE fuerzan al Gobierno cántabro a detallar el coste y la financiación de la carretera Requejada-Suances, que el PP quiere pagar a 26 años.

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Una iniciativa parlamentaria impulsada por Vox y respaldada por PRC y PSOE reclama al Gobierno de Cantabria (PP) la presentación “de manera urgente” de un informe financiero que detalle las distintas alternativas de financiación para la carretera entre Requejada y Suances. El Ejecutivo autonómico ha optado por un pago estructurado a 26 años, con un importe total de 187,8 millones de euros, de los que 87 se destinarán a la construcción, 84 a intereses y el resto al mantenimiento, dentro de un modelo de colaboración público-privada.

La proposición no de ley (PNL), debatida y aprobada en el Pleno de este lunes pese al voto en contra del PP, exige que el informe financiero comparado incorpore un escenario de financiación plurianual con cargo a los Presupuestos Regionales de Cantabria, tanto para la redacción del proyecto como para la ejecución de la obra, además de una estimación del coste de conservación de la infraestructura.

Asimismo, a través de esta PNL, Vox, PSOE y PRC sostienen que esta vía es “prioritaria” como “eje vertebrador de la economía de Cantabria” y reclaman al Ejecutivo que prolongue el trazado hasta el acceso a la playa de Suances, “para evitar el colapso circulatorio”. El correspondiente análisis técnico y económico de esa ampliación deberá remitirse al Parlamento de Cantabria antes de su licitación definitiva.

El diputado de Vox Armando Blanco ha sido el encargado de defender la propuesta y ha justificado el rechazo de su grupo al modelo elegido al considerar “una barbaridad” el volumen de intereses previsto. A su juicio, el sistema de financiación seleccionado por los 'populares' es “el más caro posible” porque “dispara” el coste total y “va a hipotecar Cantabria durante las próximas siete legislaturas”.

Blanco también ha denunciado la “opacidad” del Gobierno regional por no facilitar la documentación solicitada el 12 de mayo de 2025, cuando PSOE, PRC y Vox sacaron adelante otra iniciativa de contenido similar. En su opinión, el consejero de Fomento, Roberto Media, “no quiere, no sabe o no puede contestar”.

En nombre del PSOE, Jorge Gutiérrez ha defendido que el Parlamento “debe conocer, debatir y fiscalizar” decisiones de esta envergadura, como esta actuación “que condicionan el presupuesto de Cantabria durante 25 o 30 años”, porque “la modernización de Cantabria no se construye hipotecando su futuro, sino gestionando con rigor su presente”.

Respecto al proyecto viario y a la prolongación hasta la playa de Suances, Gutiérrez ha subrayado que “debe estar avalada por estudios técnicos y de movilidad, no por ocurrencias” y ha defendido la necesidad de ejecutar obras “bien planificadas, bien financiadas y sin trampas financieras”.

Por su parte, el PRC, a través de Pedro Hernando, ha remarcado que el puente asociado a esta actuación es una infraestructura “muy importante y de futuro”, pero ha cuestionado el fuerte incremento del coste, que entre el 14 de abril y noviembre de 2025 pasó de 44 a 187 millones de euros. “No es una cuestión de inflación, ni de informes técnicos, sino de método de financiación”, ha puntualizado.

Hernando ha recordado que el mantenimiento de la red autonómica de carreteras requiere 12.000 euros por kilómetro y año, cifra que ha extrapolado a los ocho kilómetros del tramo Requejada-Suances. “Siendo generosos”, ha calculado que la obra y su conservación durante 26 años ascenderían a “100 millones de euros”, frente a los 187,8 planteados, lo que considera “un sobrecoste artificial” de una infraestructura “encarecida por decisión política”.

Desde el PP, su portavoz, Juanjo Alonso, ha reprochado que “el único objetivo” de la PNL y de Vox sea “torpedear la acción de gobierno” y ha asegurado que en las intervenciones de la oposición “se aprecia el temor” a que el Ejecutivo “ejecute obras y cumpla con su compromiso”, además de “su afán de desgastar y bloquear” la labor del Gobierno regional.

Alonso ha defendido la colaboración público-privada como una fórmula “legal y absolutamente normalizada”, citando como ejemplo el Hospital Valdecilla. En este sentido, ha sostenido que la decisión es “política y valiente, comprometida con los vecinos de la comarca”, y ha afeado al resto de grupos que no se implicaran en el periodo de información pública del proyecto.