El pleno del Parlamento Europeo decidió este miércoles, por un margen de apenas una decena de votos, elevar el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre sus posibles incompatibilidades con el Derecho comunitario. Este movimiento deja, en la práctica, en pausa el proceso de ratificación del tratado, aunque no implica necesariamente frenar su aplicación provisional, que sigue en manos de la Comisión Europea.
La iniciativa de solicitar un dictamen jurídico al Alto Tribunal, impulsada por la izquierda europea, prosperó con 334 votos favorables, 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de contenido similar, esta vez promovida por la ultraderecha de Patriotas por Europa, fue tumbada al recabar 225 apoyos, frente a 402 votos en contra y 13 abstenciones.
“Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace”, celebró tras la votación la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry. La propuesta llegó al hemiciclo respaldada por eurodiputados de hasta cinco grupos políticos distintos.
“Esta votación envía un claro mensaje a la Comisión y al Consejo: Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio”, subrayó poco después la eurodiputada de los Verdes europeos responsable del expediente, Saskia Bricmont.
Desde el Partido Popular Europeo (PPE), el portavoz en materia comercial, el eurodiputado Jörgen Warborn, arremetió contra la decisión al entender que obedece sobre todo a motivaciones “políticas” y no jurídicas, con el objetivo de “bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia”.
Tras este paso, el TJUE deberá pronunciarse sobre la base jurídica tanto del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como del acuerdo comercial interino (ACI), cuya competencia corresponde en exclusiva a la Unión Europea. La Eurocámara aguardará el criterio del Tribunal con sede en Luxemburgo antes de someter a votación en el pleno la aprobación o el rechazo definitivo del pacto, si bien los eurodiputados pueden seguir avanzando en los trabajos de examen del texto.
Aunque este movimiento congela el procedimiento de ratificación, fuentes comunitarias citadas por Europa Press recuerdan que la Comisión Europea conserva la posibilidad de seguir adelante con la aplicación provisional del capítulo comercial una vez que, al menos, uno de los Estados del Mercosur haya culminado sus trámites internos de adopción.
La Comisión Europea —cuya presidenta, Ursula von der Leyen, se desplazó el pasado domingo a Paraguay para firmar el acuerdo y lo defendió este mismo miércoles ante el pleno como un momento “histórico”— se limitó tras la votación a manifestar su pesar por el resultado y a anunciar que estudiará el nuevo escenario antes de ofrecer una valoración más detallada.
El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, indicó en rueda de prensa que, a juicio de Bruselas, la decisión de la Eurocámara de recurrir al TJUE “no está justificada”, dado que ya se han adoptado medidas a escala europea para atender las preocupaciones y objeciones planteadas por los eurodiputados.
Dudas sobre la legalidad del mecanismo de reequilibrio
Entre las cuestiones que la Eurocámara quiere que el Tribunal de Luxemburgo aclare figura el mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Los eurodiputados temen que este instrumento choque con la autonomía reguladora de la Unión Europea y con sus Tratados, y que termine debilitando la capacidad normativa del bloque.
Asimismo, se cuestionan las facultades de la Comisión Europea para haber escindido el acuerdo en dos instrumentos, uno centrado en la parte política y de cooperación y otro estrictamente comercial. A su juicio, se trató de una maniobra destinada a facilitar la firma, ya que el componente comercial puede entrar en vigor de forma provisional con la sola ratificación europea, sin necesidad de la aprobación de los parlamentos nacionales.
Esta estrategia permitió además a Bruselas sortear la exigencia de unanimidad y lograr el visto bueno de los Veintisiete para rubricar el acuerdo comercial el pasado domingo en Asunción, gracias a un mandato adoptado por mayoría cualificada pese a la oposición de alrededor de media docena de Estados miembros, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. El Ejecutivo francés, de hecho, ha aplaudido la decisión del Parlamento Europeo al considerar que se ajusta a la postura defendida por París.