El Proyecto de Ley que introduce cambios en la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha ha sido aprobado este jueves en las Cortes autonómicas, después de que se rechazaran 41 enmiendas registradas por los grupos de la oposición, doce presentadas por Vox y 29 por el PP.
Según ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, la principal virtud de esta reforma es impulsar la apertura y viabilidad de las oficinas de farmacia en el entorno rural, dando respuesta a las necesidades de quienes viven en áreas poco pobladas o amenazadas por la despoblación, especialmente en localidades con menos de 1.500 habitantes.
El titular regional de Sanidad ha subrayado que esta norma "no agota las actividades que pueden desarrollar los profesionales farmacéuticos, regula con mayor seguridad jurídica su situación de jubilación activa o parcial y garantiza sus derechos y deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar".
Asimismo, se "mejora así la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios en la región y se procede a adaptar la norma autonómica a la regulación estatal en cuanto a la dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que no se encontraba en la legislación" regional.
En cuanto al régimen de distancias entre oficinas de farmacia, fijado ahora en 50 metros, se permitirá que puedan ser inferiores, siempre dentro de un máximo de 150 metros, una previsión que, según Fernández, ya se contempla de forma parecida en otras comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha dispone en la actualidad de 1.289 farmacias comunitarias, que atienden a unos 2,1 millones de habitantes, lo que se traduce en una media de una farmacia por cada 1.650 residentes. Además, la región cuenta con 267 botiquines, todos ellos situados en núcleos con menos de 500 habitantes, ha detallado el consejero.
Vox denuncia fallos técnicos en la norma
Por parte de Vox, el diputado Iván Sánchez ha cargado contra el texto al considerar que "vuelve a incurrir en una deficiencia técnica legislativa".
Ha defendido que las enmiendas de su grupo, sin "matiz político", buscan "modernizar y mejorar las definiciones" del articulado, adecuando "el lenguaje legal a la realidad del paciente y del usuario".
Con ellas, Vox pretende "proteger los derechos tanto del profesional como del paciente, reforzar el papel asistencial del farmacéutico, acercar la atención de proximidad y dar seguridad jurídica al sector".
Sánchez ha reivindicado "la farmacia como un servicio esencial, por encima de la dispersión administrativa, evitando las fronteras artificiales que se han creado con el sistema autonómico y la necesidad de una sanidad al servicio de los españoles".
El PP defiende sus 29 enmiendas rechazadas
En nombre del PP, el diputado Juan Antonio Moreno Moya ha expuesto varias de sus 29 enmiendas, orientadas a reforzar la atención farmacéutica en los centros penitenciarios de la comunidad, a concretar medidas de conciliación familiar para los farmacéuticos y a desarrollar la atención farmacéutica domiciliaria.
Durante su intervención, Moreno Moya ha asegurado no comprender "la obcecación" del PSOE "para limitar la comunicación entre médicos y farmacéuticos" que comparten información clínica relevante de pacientes, "en especial de los crónicos".
El parlamentario popular ha remarcado que casi "el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia donde se realiza el control rutinario de parámetros como la glucosa, la hemoglobina o los triglicéridos" lo que permite "una detección precoz de enfermedades", un control que el Gobierno regional "se niega a que se haga en una farmacia".
Frente a ello, ha denunciado que se esté dando cita "para 20 días" para hacerse una analítica y que, para recoger los resultados, "tiene que esperar otras dos o tres semanas".
Aunque ha admitido que se "avanza un pasito" con esta actualización normativa, ha lamentado que "se podían haber avanzado 50 pasitos", algo a lo que, según ha dicho, se ha opuesto el PSOE, al que ha acusado de dibujar "un mundo idílico", presentando "la mejor modificación de la ley de ordenación farmacéutica que puede haber".
Respuesta del PSOE: ley técnica y oportunidad perdida del PP
En la réplica, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy, encargado de defender el dictamen, ha descrito la norma como "eminentemente técnica", aunque ha reconocido que incorpora ciertos matices políticos.
Godoy ha afeado a Vox sus "prejuicios con el lenguaje inclusivo" de la ley, por diferenciar entre "farmacéuticos y farmacéuticas, en vez de solo decir farmacéuticos".
También ha criticado la enmienda de esta formación relativa a la objeción de conciencia, "un problema que está resuelto desde hace veinte años".
El diputado del PSOE ha asegurado haber sido "absolutamente transparente en esta ley" con el PP, al que ha reprochado presumir de tener "voluntad negociadora". "Obviamente, no le voy a dejar", ha advertido Godoy, que ha concluido que los populares han dejado pasar "una oportunidad de oro".