QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La mayoría absoluta del PSOE en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sacado adelante este jueves una reforma del Reglamento de la Cámara autonómica para garantizar que el dinero público asignado a los partidos se destine únicamente a actividades ligadas a la política regional. La iniciativa ha prosperado con el rechazo de Vox y la abstención del PP.
El cambio afecta al artículo 29.7 del Reglamento de las Cortes y, según la propuesta socialista, establece que “los grupos parlamentarios requerirán de los partidos políticos a los que se encuentren vinculados, a través del correspondiente convenio de colaboración, la justificación documental del destino dado a los fondos que aquellos, en su caso y para la realización de toda actividad vinculada exclusivamente a la actividad política regional y al funcionamiento interno de los grupos parlamentarios o los partidos políticos vinculados a éstos y en el ámbito de Castilla-La Mancha, les hubieren sido transferidos”.
El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha abierto la defensa de la reforma explicando que su grupo pretende reforzar la trazabilidad del dinero que reciben las formaciones políticas “y que esa justificación vaya única y exclusivamente vinculada a los grupos parlamentarios que reciben dinero de Castilla-La Mancha”. Ha recordado que, a raíz de la revisión de la contabilidad de este ejercicio, han comprobado que “hasta ahora hemos visto que este año, con la justificación de uno de los grupos políticos, los fondos públicos de Castilla-La Mancha acaban financiando estructuras nacionales, campañas nacionales, aparatos nacionales y dinámicas que nada tienen que ver con los problemas, con las necesidades y con las prioridades de esta Cámara”, en alusión a Vox.
Godoy ha subrayado que, con la nueva redacción, se fija de manera expresa que las formaciones vinculadas a Castilla-La Mancha deberán acreditar “el destino exacto” de cualquier cantidad que reciban. “Nada podrá ser opaco y todo deberá integrarse en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes. Cada euro debe estar trazado, cada gasto debe ser demostrable y cada transferencia ser transparente”, ha remarcado, insistiendo en que se introduce “una prohibición explícita” de emplear esos fondos fuera del ámbito autonómico.
En su intervención ha advertido de que, a su juicio, la financiación de los grupos parlamentarios no debería quedar condicionada por estructuras estatales ni por instrucciones de direcciones nacionales “porque si un partido depende financieramente de Madrid, también dependerá políticamente de Madrid”. Ha asegurado que “la experiencia nos dice que cada vez que las decisiones que se toman sobre Castilla-La Mancha se toman fuera de Castilla-La Mancha, la región ha salido perdiendo”, y ha acusado a “un grupo político” de remitir a su organización nacional dinero asignado a esta comunidad. “En este caso, el partido de Vox”, ha precisado.
El parlamentario socialista ha defendido que la modificación no busca perjudicar a ninguna sigla concreta, sino “proteger la autonomía política de Castilla-La Mancha” y reforzar el control del uso de recursos públicos. A su entender, “no es una reforma grande por su tamaño, pero sí es grande por su significado porque protegemos la autonomía política de Castilla-La Mancha, fortalecemos la transparencia de esta Cámara y defendemos a los ciudadanos castellanomanchegos”.
“Reforma política, interesada y dirigida”, según Vox
Desde Vox, el diputado Luis Blázquez ha cargado contra la iniciativa al considerar que “no nace para mejorar la transparencia”, sino para blindar a los “partidos del sistema” y “castigar” a quienes no se pliegan a su esquema. “No estamos ante una reforma técnica, estamos ante una reforma política, interesada y dirigida”, ha denunciado.
Blázquez ha mantenido que se trata de una modificación “innecesaria”, al entender que el Reglamento ya contempla “mecanismos suficientes” de control y fiscalización sobre los fondos que reciben los grupos. “Los grupos presentan contabilidad, justifican gastos y se someten al control de la Mesa”, ha recordado, antes de defender las cuentas de su formación, que, según ha dicho, fueron validadas por el anterior interventor y solo han sido cuestionadas por el nuevo. “Si nuestras cuentas estuviesen mal, ¿cómo es posible que ustedes, señorías socialistas, las hayan aprobado en dos ocasiones?”, ha planteado, recalcando que, a su juicio, “no hay nada”.
El representante de Vox ha avanzado el voto contrario de su grupo al entender que el procedimiento “está viciado”. Ha explicado que, cuando se registró la Proposición de Ley, el Grupo Parlamentario Vox presentó tres enmiendas que, “en un uso totalmente arbitrario por parte de la Mesa, se inadmitieron”. A su entender, “la tramitación en lectura única, a pesar de lo que opine la Mesa, no impide que los grupos parlamentarios presenten enmiendas, sobre todo si dichos grupos se oponen a esa lectura única. Sin embargo, la Mesa, desde nuestro punto de vista, de modo totalmente arbitrario y torticero, las ha rechazado para que el Grupo Parlamentario de Vox no las pueda defender hoy en este pleno”.
Blázquez ha añadido que la reforma es “ilegal” porque, según ha argumentado, vulnera la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, y la ha tildado de “jurídicamente peligrosa” y de “chapuza normativa” por el tipo de control del gasto que plantea el PSOE, al que ha reprochado ser el “partido más corrupto de la historia de España”.
El PP acusa al PSOE de usar la reforma para tapar casos de corrupción
Por parte del PP, el diputado Santiago Serrano ha reprochado a los socialistas que, pese a que los ‘populares’ llevan toda la legislatura negociando con ellos una actualización global del Reglamento, “en ni una sola ocasión” el PSOE había puesto sobre la mesa una modificación de este tipo. A su juicio, “lo cual quiere decir que lo que se persigue no es una reforma que aumente la transparencia y aumente el control sino que tape de forma descarada todos los casos de corrupción que estamos viendo”.
Serrano ha asegurado que el PP va a sostener “lo que ha defendido siempre”, esto es, “el respeto a la ley, la neutralidad institucional y las garantías democráticas”. Ha recalcado que su grupo “no va a alinearse con Vox, que critica las subvenciones de los partidos políticos de las que vive pero tampoco vamos a comulgar con un control indebido, que es lo que pretende el PSOE, a destiempo, y para tapar su propia debilidad a nivel nacional”.
En esta línea, ha defendido que la regulación debería abordarse desde la perspectiva del conjunto del ordenamiento jurídico estatal y de las competencias de cada nivel institucional. A su entender, la propuesta del PSOE “pretende invadir competencias que son exclusivas del Tribunal de Cuentas, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución española y afecta a materias reservadas de la ley orgánica”.
“Hay más dudas jurídicas que certezas, por lo tanto, lo prudente sería parar y no lo que pretenden hacer ustedes como es tramitar este asunto por vía urgente como si esto supusiese un problema acuciante cuando realmente lo único que es un arma política del PSOE para atrapar sus propios escándalos”, ha señalado Serrano.
Pese a sus críticas, el diputado ‘popular’ ha avanzado que el PP optará por la abstención porque “no tiene a bien” bloquear debates parlamentarios. “Pero tampoco validamos una reforma precipitada y motivada única y exclusivamente por cuestiones políticas. En este caso, la abstención es legalidad, es estabilidad y es respeto institucional”, ha defendido, antes de concluir que “y si el respeto institucional fuese algo que tuviese o llevase a gala el PSOE, retiraría esta reforma y lo haría por los cauces normales, dentro de una reforma del Reglamento que llevamos discutiendo durante toda la legislatura”.
Antes de entrar al fondo del asunto, el pleno había aprobado la toma en consideración de la reforma, con 17 votos favorables del PSOE y 14 en contra, así como su tramitación por el procedimiento de lectura única ante la Cámara, que también ha salido adelante con 17 apoyos socialistas y 14 votos en contra.
