PSOE, PP y Vox han vuelto a escenificar su choque en torno a la violencia machista, después de que la comisión celebrada este viernes en las Cortes de Castilla-La Mancha haya concluido sin un dictamen consensuado sobre el informe de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en la región.
En esta comisión, en la que la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha detallado el informe correspondiente al año 2024, únicamente ha prosperado la resolución presentada por el PSOE, ante la que los diputados del PP han optado por la abstención.
La mayoría parlamentaria socialista ha vuelto a tumbar las propuestas de PP y Vox, que han aprovechado el debate para introducir asuntos del panorama político nacional, como la financiación autonómica, los fallos en las pulseras antimaltrato o la expulsión de inmigrantes que entran en España de forma irregular.
En su texto, el PSOE ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que siga impulsando políticas públicas que garanticen una respuesta "eficaz y coherente ante este tipo de violencia" y ha reiterado su compromiso "frente a cualquier forma de negacionismo", advirtiendo de que la desinformación y los discursos que ponen en duda la existencia de la violencia de género "dificultan la protección de las víctimas y erosionan los avances sociales".
Asimismo, ha subrayado la importancia de preservar la "unidad institucional y parlamentaria en la defensa de los derechos de las mujeres y en la erradicación de la violencia de género".
Por su parte, la resolución del PP, rechazada tanto por el PSOE como por Vox, plantea fijar "la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal aquellos hechos conocidos por altos cargos del Gobierno regional que pudieran ser constitutivos de acoso, incluido el acoso sexual o abuso de poder", en alusión a los últimos episodios conocidos en el seno del partido a escala nacional.
En esa misma línea, reclama también "un protocolo específico que regule la actuación de los altos cargos del Gobierno regional ante indicios de acoso o abuso de poder, incluyendo los deberes de comunicación interna, activación de mecanismos de protección y, en su caso, traslado a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal".
Además de solicitar un sistema de evaluación independiente y periódica de las políticas públicas de igualdad y violencia de género, cuyos informes se remitan a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y la posible adopción de medidas correctoras, los 'populares' proponen llevar a cabo una auditoría técnica y operativa de los sistemas de control y protección telemática de personas agresoras.
Entre sus exigencias se incluye asegurar una financiación suficiente y una ejecución ágil de los recursos destinados a los Centros de la Mujer y elaborar con carácter "urgente" una estrategia integral y específica para fomentar el empleo femenino en Castilla-La Mancha, con el objetivo de reducir el paro de las mujeres y la brecha salarial.
Socialistas y 'populares' sí han coincidido en rechazar la iniciativa de Vox, que aboga por una ley de violencia intrafamiliar y por derogar la del 'Sí es sí', la de violencia de género y la 'trans'.
En su propuesta, la formación de Abascal también plantea realizar un estudio sobre "el aumento de agresiones grupales" y "acabar con los programas educativos que enseñan feminismo e ideología de género", junto a otras medidas alineadas con su ideario político.