El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha presentado este martes en las Cortes regionales el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta correspondiente a 2022. En dicho documento se señala como "debilidad" del sistema de la Administración autonómica que el control contable "existe, pero no alcanza el nivel deseable" y que el margen de mejora es "amplio", si bien subraya que se sigue "una estrategia de contención y reestructuración eficaz".
Durante su intervención ante la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento autonómico, una sesión que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Andújar ha detallado los principales datos del informe. Las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 12.331,513 millones de euros, con un grado de ejecución del 90% sobre los 13.749,538 millones previstos, mientras que los gastos ejecutados fueron 11.819,777 millones, un 86% sobre una previsión de 13.749,58 millones.
En el apartado de "debilidades" detectadas en 2022, ha señalado que la Administración autonómica "no dispone de un documento de riesgos que identifique amenazas y controles" y que no hay conexión automatizada entre los sistemas de información tributaria Greco y Tarea. Ha añadido que "no se han implementado auditorías formales sobre algunas aplicaciones digitales", citando como ejemplo el punto general de entrada de facturas electrónicas, y ha incidido igualmente en la ausencia de auditorías informáticas.
Entre los aspectos positivos, ha resaltado que la mayoría de los pagos a proveedores se efectúan por debajo del límite legal de 30 días, reduciéndose el periodo medio desde los 21 días de 2021 a los 19,54 días en 2022. A su juicio, los niveles de ejecución de ingresos y gastos muestran que "a pesar de las deficiencias técnicas, la maquinaria presupuestaria sigue funcionando".
Casi una treintena de recomendaciones para mejorar la gestión
Tras este análisis, Fernando Andújar ha desgranado las 28 recomendaciones que la Cámara de Cuentas castellanomanchega dirige a la Administración autonómica. Entre ellas, propone crear un sistema de seguimiento para controlar la puesta en marcha efectiva de las entidades creadas "con el objeto de agilizar el inicio de sus actuaciones y, en caso de retraso significativo, evaluar si continúan persistiendo las razones que justifican su creación".
También sugiere acometer las reformas normativas necesarias para adelantar al 30 de junio del año siguiente el plazo de rendición de la Cuenta General, con el fin de acelerar este procedimiento, actualmente fijado a finales de octubre. Además, reclama a la Intervención regional que publique en su página web toda la normativa, instrucciones y circulares aplicables, ya que "facilita a los propios funcionarios, a los propios ciudadanos y a nosotros como Cámara que haya un control de lo que está vigente", y que acorte los plazos del control financiero permanente.
Otra de las propuestas es certificar la aplicación del punto general de entrada de facturas y establecer los procedimientos necesarios para garantizar la supervisión continua y la eficacia de las entidades dependientes de la Administración castellanomanchega. Asimismo, insta a la Consejería de Hacienda a distribuir los beneficios fiscales por políticas, "fijando objetivos y un sistema de seguimiento de estos", e incorporar información sobre dichos beneficios en la memoria, dado que cada incentivo fiscal implica que "estamos detrayendo potencialmente ingresos al erario público".
En la misma línea, Andújar plantea al departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina la implantación de un sistema contable que permita conocer el grado de ejecución y de financiación de todos los gastos. Completa sus sugerencias con un bloque final que incluye un mayor control de la Tesorería, la depuración de los deudores presupuestarios más antiguos, un procedimiento "lo más ajustado posible" para la elaboración de la Cuenta General, la regulación del contenido y la estructura del informe de impacto de género que acompaña a la Ley de Presupuestos y la obligación de que todos los organismos autónomos y entidades de derecho público elaboren informes de seguimiento.
Cruce de críticas políticas sobre deuda, transparencia y ejecución
Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo ha denunciado la "opacidad" a la hora de conocer "los costes directos e indirectos de lo que supone la inmigración ilegal". Ha vinculado el modelo de gestión del PSOE con "una deuda imparable" en la región y ha asegurado que la Cuenta de 2022 incluía "beneficios fiscales opacos" porque "no se desglosan los beneficios fiscales" de las políticas públicas. En su opinión, "Eso es grave, es un riesgo real, se renuncia a ingresos sin saber a quién benefician, sin medir su impacto y sin rendir cuentas. Eso no es política fiscal".
Por parte del PP, el parlamentario Santiago Serrano ha centrado sus críticas en el nivel de ejecución del gasto, al considerar que el 86% alcanzado es "manifiestamente mejorable". Ha afirmado que "Lo que contrasta aquí es que tenemos una Comunidad Autónoma que no solamente fríe a impuestos a los ciudadanos sino que, además, es profundamente ineficaz desde el punto de vista tributario". También ha cuestionado la ejecución de los capítulos de gasto de consejerías como Fomento, Economía, Empresas y Empleo o Desarrollo Sostenible, "que no alcanzan el 65%", y ha argumentado que estos porcentajes ponen en entredicho "una de las máximas que siempre repite el consejero, que son unos presupuestos profundamente inversores".
El PSOE defiende la fiscalización y la senda del Gobierno regional
En nombre del PSOE, la diputada Silvia Fernández ha defendido que el informe acredita que el Ejecutivo autonómico va "en la dirección correcta" y que la creación de un órgano propio de fiscalización "ha sido plenamente acertada". Ha interpretado el documento como "una oportunidad para avanzar, para corregir y consolidar una nueva etapa de mayor rigor, transparencia y mejora continua en la gestión".
Fernández ha recordado, además, que las recomendaciones de la Cámara de Cuentas implican "modificaciones normativas y legislativas que no son inmediatas y se alargan en el tiempo", y ha expresado su confianza en que el Gobierno seguirá atendiendo estas propuestas.