La reforma de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha que se está tramitando en las Cortes autonómicas incorporará finalmente 14 enmiendas, de las cuales 8 han sido transadas entre PSOE, PP y Vox, aunque no incluirá la regulación específica de la publicidad sanitaria reclamada por los 'populares'.
Así se ha acordado en la Comisión de Sanidad celebrada este miércoles en las Cortes regionales, donde se han rechazado 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, mientras que han salido adelante las cinco propuestas del PSOE, una de ellas transada con otros grupos.
La mayoría socialista ha excluido del articulado la enmienda del PP que, tal y como ha detallado su portavoz, Juan Antonio Moreno Moya, pretendía asegurar en la comunidad autónoma una publicidad sanitaria “veraz”, que ofreciera información clara sobre los tratamientos y los precios de esas prestaciones, y que obligara a la administración a reforzar la supervisión frente a posibles prácticas engañosas.
El portavoz socialista en la comisión, Ángel Tomás Godroy, ha señalado que la finalidad de la modificación es adecuar la normativa regional a la legislación básica estatal y a la doctrina del Tribunal Constitucional, principalmente “para generar seguridad jurídica”.
Según ha subrayado el diputado del PSOE, la revisión legal busca también concretar mejor determinados tipos de infracciones, evitando términos jurídicos imprecisos, además de actualizar la organización y funcionamiento del sistema de inspección y sanción en materia de consumo.
En este sentido, ha remarcado que el bloque más extenso de la reforma se centra en el régimen sancionador, introduciendo un nuevo esquema por el que las infracciones y las sanciones se someterán, con carácter general, a la regulación básica estatal en materia de consumo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno Moya ha puesto el acento en la enmienda rechazada que planteaba, mediante una disposición adicional, regular la publicidad sanitaria, una cuestión que, ha asegurado, responde a “las preocupaciones de profesionales sanitarios”.
A su juicio, esta propuesta, junto con otra también denegada, “vienen a cubrir la ausencia de una ley de publicad sanitaria, que el Ejecutivo regional “lleva retrasando cinco años””.
Por ello, ha insistido en la conveniencia de impulsar medidas concretas en el ámbito del consumo dirigidas a incrementar la transparencia, mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables frente a posibles campañas publicitarias engañosas.
Entre sus aportaciones al texto, el PP ha planteado igualmente que las entidades que operen en Castilla-La Mancha aseguren canales accesibles de información a las personas consumidoras sobre la cesión de sus créditos cuando esta afecte de forma directa a la gestión ordinaria del contrato o a los mecanismos habituales de interlocución.
“Esta enmienda responde a una preocupación real de miles de consumidores, especialmente en el ámbito de créditos hipotecarios o préstamos cedidos a fondo de titularización o entidades intermediarias”, ha argumentado el diputado 'popular'.
Por su parte, el parlamentario de Vox Iván Sánchez ha defendido las 14 enmiendas presentadas por su grupo a la reforma del Estatuto de las Personas Consumidoras, sosteniendo que “da menos garantías para el consumidor y más poder sancionador para el PSOE”.
En esta línea, ha reiterado que esta materia debería regularse mediante una norma estatal común para todo el país, que evite diferencias territoriales susceptibles de derivar en sanciones arbitrarias, y ha reivindicado que “no se puede tratar igual a una gran empresa que a una pyme o a un autónomo”.
Con el objetivo de mejorar el texto, Sánchez ha planteado que las administraciones públicas autonómicas aseguren atención presencial a las personas administradas de mayor edad, con menos recursos económicos y/o residentes en municipios pequeños.
Asimismo, ha propuesto que el órgano autonómico competente en consumo sea el encargado de sancionar las conductas tipificadas como infracciones en defensa de las personas consumidoras, para lo cual ha reclamado dotarlo de recursos suficientes.
Tampoco ha salido adelante la enmienda de Vox que pretendía impedir la supresión de la obligación, generalmente de una entidad bancaria o un fondo, de informar al deudor consumidor cuando el acreedor, normalmente una entidad financiera o un fondo, cede el crédito, denunciando que el Gobierno regional, que se ampara en posibles conflictos competenciales y en su encaje con la normativa europea, “deja al consumidor desamparado”.
De las 14 enmiendas registradas por Vox a la modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras, únicamente ha prosperado una, que ha sido transada. El resto continúan “vivas” para su debate y votación en el pleno.