Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la propuesta del Gobierno de España para reformar el modelo de financiación autonómica, en una sesión marcada por la defensa del Ejecutivo regional de un sistema asentado en la igualdad y la solidaridad entre comunidades, mientras PP y Vox han responsabilizado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de haber facilitado su tramitación en el Congreso.
Durante el debate parlamentario, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado la ordinalidad como línea roja para el Gobierno regional al entender que vulnera el principio de igualdad, ya que supone que quien más recursos tiene reciba todavía más.
Ha rechazado el diseño actual al no haberse negociado de forma multilateral y ha censurado la falta de lealtad institucional y de transparencia que, a su juicio, ha mostrado el Ministerio de Hacienda.
Ruiz Molina ha reclamado la puesta en marcha de un “fondo transitorio de nivelación” para las autonomías infrafinanciadas mientras se pacta un nuevo modelo, advirtiendo de que la reforma no se resolverá en el corto plazo.
Al mismo tiempo, ha defendido la condonación de deuda, recalcando que Castilla-La Mancha sería la comunidad más favorecida por habitante, con un ahorro previsto de 760 millones de euros en los próximos años.
Núñez carga contra la “ambigüedad” de Page
En su intervención, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que la propuesta del Gobierno de España “perjudica claramente a la región” y quiebra principios esenciales de igualdad entre españoles.
En esta línea, ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de avalar este modelo con manifestaciones que ha tildado de “ambiguas” y le ha exigido un pronunciamiento inequívoco para que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso se posicionen en contra del nuevo sistema de financiación.
Núñez ha defendido un modelo común, solidario y acordado por todas las comunidades y ha alertado de que recurrir la norma una vez aprobada no evitaría el perjuicio para la región, invitando a Page a adelantarse y a pedir que sus “ocho diputados” en la Cámara Baja rechacen este “ataque”.
El PSOE respalda la postura de Page
Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, ha sostenido que Castilla-La Mancha lleva “más de una década infrafinanciada” y ha insistido en que el nuevo planteamiento, acordado sin multilateralidad, no soluciona este desequilibrio.
Ha remarcado que la discusión incide de forma directa en la viabilidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales y ha acusado al PP de “generar ruido sin aportar alternativas”.
En este marco, ha salido en defensa de García-Page, al afirmar que ha sido “coherente y firme en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha”, al margen de quién ocupe el Gobierno de España, y que siempre ha reclamado un sistema de financiación sustentado en la igualdad y la solidaridad.
Ha reiterado que los socialistas apuestan por un modelo “justo, suficiente y solidario”, ajustado a las necesidades reales por habitante y al mayor coste de prestar servicios públicos en la región, y ha pedido coherencia al Partido Popular.
Vox cuestiona el modelo autonómico
Por su parte, Vox, a través de su diputado Francisco José Cobo, ha puesto en duda el propio sistema autonómico, al que ha descrito como un “modelo fallido y agotado”, y ha defendido que la financiación autonómica ha sido empleada tanto por el PSOE como por el PP para favorecer al separatismo.
Al igual que el PP, Cobo ha reclamado a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso que voten en contra del nuevo modelo.
Resolución para recurrir el modelo
Al cierre del debate, las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde, únicamente con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, a una resolución en la que se rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de España por su “carácter regresivo e injusto”, al consolidar el principio de ordinalidad.
El texto emplaza al Gobierno regional a emplear todas las herramientas jurídicas disponibles para impugnar el modelo si finalmente prospera y exige que la negociación se lleve a cabo de forma multilateral, con la implicación de todas las comunidades autónomas de régimen común.
Además, la resolución reclama que el futuro sistema garantice la igualdad en la prestación de los servicios públicos, sin depender del territorio o de la capacidad económica, y demanda la aprobación de un fondo transitorio de nivelación mientras no se acuerde un nuevo modelo que corrija la infrafinanciación que padece Castilla-La Mancha.