Podemos advierte que la nueva Ley de Simplificación en C-LM es una gran privatización

Podemos en Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa en las Cortes regionales, describiéndola como una enorme privatización que comprometerá servicios públicos esenciales como la sanidad y los servicios sociales, así como la protección del medio ambiente.

Aspectos Críticos de la Ley

La formación morada señala tres puntos especialmente preocupantes de la ley. En primer lugar, la creación de las entidades colaboradoras por parte del PSOE de Page, que privarán a los empleados públicos de funciones clave para transferirlas a empresas privadas. Podemos argumenta que aumentar los contratos con empresas propicia un ambiente propicio para las redes de corrupción ligadas al bipartidismo, especialmente en áreas tan delicadas como la inspección y certificación de la sanidad y la protección ambiental. José Luis García Gascón ha criticado que entregar estas funciones a empresas con intereses propios es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, lo que representa un riesgo para los intereses generales y la protección de derechos sociales y medioambientales.

Podemos también ha recordado que el Consejo Consultivo emitió un informe crítico sobre la ley, sugiriendo una revisión sustancial debido a su tendencia a la privatización y sus probables efectos adversos. Además, han señalado que el Tribunal Constitucional ya ha anulado una ley similar en Andalucía por ser inconstitucional, lo que podría presagiar un destino similar para esta ley de Castilla-La Mancha.

Finalmente, José Luis García Gascón ha lamentado que el PSOE haya desoído todas las propuestas de Podemos, de las organizaciones sociales y del consejo consultivo, manteniendo la ley sin cambios. Esto, según él, demuestra que el partido utiliza argumentos legales solo cuando le conviene y que las mayorías absolutas pueden ser perjudiciales.

Podemos también ha criticado a Vox por oponerse a la ley mientras que, según ellos, Vox y el PP son conocidos por intentar privatizar servicios públicos en otras áreas, lo que califican de hipocresía.