En una reciente sesión en las Cortes de Castilla y León, se ha dado luz verde, pese a la oposición de PSOE y Unidas Podemos, a una Proposición No de Ley (PNL), impulsada por el Grupo Popular. Esta propuesta exige a la Junta que solicite al Ejecutivo central la cancelación de un anteproyecto de ley que prevé la condonación de deudas «aplicando el acuerdo con partidos separatistas».
La procuradora del Partido Popular, Rosa María Esteban Ayuso, ha argumentado a favor de la PNL, indicando que esta perjudica «de forma muy injusta a los ciudadanos de Castilla y León» y representa «otra vez» una «operación política» de Pedro Sánchez y del PSOE para «comprar voluntades», lo que resultaría en un coste adicional de 523 euros por persona en la región.
Esteban Ayuso ha denunciado la ausencia de «rigor económico», la falta de «corresponsabilidad fiscal» y un debate «serio» sobre el modelo de financiación autonómica en una medida que «nace del pacto de Esquerra y del independentismo con el PSOE de noviembre del 2023». Además, ha criticado que el anteproyecto no incluya informes técnicos ni se base en «el diálogo y el consenso» durante las discusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
«Castilla y León no necesita parches, ni propaganda, ni tratos de favor de unos a otros, necesitamos un sistema de financiación autonómico justo, estable y transparente, que garantice la suficiencia de los recursos para servicios esenciales y que premie la buena gestión, no que la penalice, como es el caso», ha afirmado Esteban Ayuso.
Por otro lado, Rosa María Rubio, procuradora socialista, ha defendido su voto en contra de la propuesta, argumentando que permitiría a Castilla y León liberarse de una deuda de 3.643 millones de euros. Rubio ha señalado que la región ahorraría solo en intereses 90 millones de euros anuales, un fondo que «se puede y se debe destinar a la mejora de la vida de los castellanos y de los leoneses». «¿Qué familia diría no a que le reduzcan la hipoteca? Pues Mañueco, que prefiere que no se la paguen a él con tal de que no se la paguen al vecino del tercero porque no se habla con él».
Además, Rubio ha acusado al PP de «mentir» al decir que «es una quita independentista» que beneficia principalmente a Cataluña, señalando que la comunidad con mayor condonación total es Andalucía, «los independentistas sevillanos», y la que tiene la mayor condonación por habitante ajustado es la de Valencia, «los independentistas alicantinos», siendo Canarias la que mayor porcentaje de condonación recibe, «los independentistas de la Gomera».
Rubio ha concluido que «cuando ya no tienen argumentos, pues la muletilla de la financiación autonómica, que el PP no tiene modelo ni lo va a tener» y ha recordado que durante los siete años de gobierno del Partido Socialista, Castilla y León recibió 30.000 millones de euros más que durante los siete años del Partido Popular.