Las Cortes de Castilla y León han aprobado iniciar la tramitación de la Proposición de Ley para la creación del cuerpo de agentes medioambientales en la región, impulsada por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!. Esta iniciativa busca equipar a estos profesionales con las herramientas necesarias para su labor, proponiendo que dependan de la Consejería de la Presidencia debido a su función ‘transversal’.
“Esta ley aporta (…) es buena para Castilla y León, es buena para el patrimonio y es buena para los agentes”, argumentó Ángel Ceña, portavoz de Soria ¡Ya!, destacando que el proyecto fue consensuado con el sindicato CSIF y otros grupos, aunque criticó la falta de diálogo por parte de la Junta en este ámbito. “Uno de los errores que tiene la política medioambiental de la Junta, la política de extinción de incendios, es que no la pactan con nadie y así estamos condenados al fracaso”, advirtió Ceña.
La propuesta ha contado con el apoyo de los grupos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto, mientras que los dos procuradores no adscritos y el grupo ‘popular’ se abstuvieron, con el voto en contra del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. La Junta expresó su ‘disconformidad’ con la PPL, argumentando criterios técnicos y un aumento presupuestario estimado en 10 millones de euros.
Antonio Jaime Mendoza, del PP, recordó la existencia de una ley estatal y tachó la propuesta de ‘totalmente electoralista’, mencionando además la imposibilidad de su tramitación en el tiempo restante antes de la disolución de las Cortes. “Con lo cual sería un engaño para esos funcionarios públicos”, concluyó Mendoza, criticando también el cambio de postura de Vox respecto a la tramitación de la ley.
Por otro lado, Ignacio Sicilia, de Vox, apoyó la tramitación por considerarla una ‘reivindicación histórica’ del sector y criticó la falta de diálogo de la Junta. Fernando Pablos, del Grupo Socialista, enfatizó la necesidad de una norma que respalde legalmente a los agentes medioambientales, mientras que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y Francisco Igea, apelaron a la importancia de legislar por consenso.
Pedro Pascual Muñoz, de Por Ávila, subrayó la necesidad de una ley que fortalezca definitivamente la función de estos agentes en la conservación de la naturaleza y la calidad ambiental. “Sin que la legislación autonómica ni su situación laboral haya ido en paralelo”, reprochó.
El objetivo de la PPL es asegurar una gestión y conservación más efectivas del patrimonio natural de Castilla y León y mejorar la seguridad jurídica de los agentes medioambientales, proponiendo una definición clara de sus competencias y fortaleciendo su papel en la protección del medio ambiente.