Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, ha declarado que la Junta de Castilla y León se adherirá a los ‘previstos en la ley’ para aprobar iniciativas de extracción minera en las regiones recientemente devastadas por incendios, conforme a un marco normativo nacional.
En respuesta a José Antonio Palomo, procurador de Vox, quien inquirió sobre los estándares que se aplicarán para estas aprobaciones ante la inquietud pública, ya que cada verano los incendios destruyen extensas áreas y ‘poco después comienzan a sonar voces sobre proyectos de futuro que, curiosamente, parecen encontrar más facilidades en esos terrenos ya calcinados’, Fernández Carriedo explicó las leyes aplicables para estas autorizaciones, incluyendo la Ley de Minas de 1973 y el Real Decreto 2857 de 1978, además de la reciente ley 7/2001 sobre Cambio Climático y Transición Energética que integra nuevos criterios para la explotación de yacimientos minerales.
El consejero aclaró que todas estas son normativas estatales y que el Estado tiene ‘exclusiva’ competencia sobre las bases del régimen minero y energético, según la Constitución. Añadió que el proceso de tramitación no cambia con los incendios, ya que la legislación no especifica ninguna situación particular en este contexto y todos los proyectos necesitan evaluaciones de impacto ambiental y otras autorizaciones competentes.
El debate se intensificó cuando Palomo Martín expresó preocupaciones sobre la credibilidad de las instituciones y la posible transformación de desastres naturales en oportunidades para negocios extractivos, sugiriendo que el fuego podría estar sirviendo como un ‘facilitador administrativo’ para proyectos que antes parecían imposibles. Palomo Martín enfatizó que es crucial mantener la confianza y la certeza en las comunidades afectadas, para asegurar que no se perciban los incendios como preludios a la explotación minera, sino como oportunidades para la reforestación y la recuperación ambiental.