Castilla y León vuelve a estrenar ejercicio con el presupuesto prorrogado y, en esta ocasión, con la particularidad de que el Ejecutivo autonómico ha tenido que encadenar la prórroga de las cuentas de 2024, vigentes durante 2025 y que continúan aplicándose al inicio de 2026, un año además marcado por las urnas.
El presupuesto actualmente en vigor en la Comunidad asciende a 14.562 millones de euros y fue aprobado el 30 de abril de 2024 por el entonces gobierno de coalición entre PP y Vox. Aquella aprobación puso fin a la prórroga de las cuentas de 2023 con las que se abrió ese ejercicio.
La prórroga de 2026 supone la novena extensión presupuestaria en la historia de la Comunidad y la sexta en los últimos siete años --2026, 2025, 2024, 2022, 2021 y 2020--. Así, sólo en 2023 Castilla y León comenzó el año con presupuestos nuevos, en esa ocasión sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
A diferencia de lo sucedido el año pasado, cuando el Ejecutivo autonómico no llegó a registrar en las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 --se quedó en anteproyecto--, esta vez la Junta sí presentó las cuentas para 2026, que iniciaron su andadura parlamentaria hasta ser rechazadas el 20 de noviembre en el debate de la enmienda a la totalidad, apoyada por los cuatro grupos de la oposición --Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y los procuradores Pablo Fernández y Francisco Igea, del Grupo Mixto--.
Coincide con el ejercicio anterior que el Gobierno autonómico logró sacar adelante el techo de gasto no financiero para 2026 gracias a la abstención, por segundo año consecutivo, del Grupo Parlamentario Socialista, lo que permitió arrancar la tramitación de las cuentas, que en este caso quedó interrumpida a mitad de camino.
Este escenario obliga a Castilla y León a iniciar 2026 con una segunda prórroga del presupuesto vigente, aprobado en solitario por los entonces socios de gobierno, PP y Vox, sin incorporar ninguna de las 2.305 enmiendas parciales de la oposición que llegaron al último trámite parlamentario en abril de 2024.
No obstante, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido a volver a registrar el proyecto de presupuestos de 2026 cuando el Partido Popular logre una nueva mayoría tras las elecciones que deberán celebrarse este año --la fecha límite para acudir a las urnas es el 15 de marzo--.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este miércoles, 31 de diciembre, el Decreto que regula las condiciones de la prórroga de los presupuestos de 2024 y que, según subrayó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, “parte de una ventaja” al disponer de un límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes que fija la capacidad de gasto para el nuevo ejercicio y sirve de referencia “en términos de déficit, deuda y regla de gasto”.
El texto, rubricado por el presidente de la Junta y por el titular de Economía y Hacienda, remite al acuerdo del CPFF del 17 de noviembre sobre la idoneidad de las medidas correctoras del Plan Económico Financiero 2025-2026 presentado por la Comunidad, que consideró las previsiones incluidas “adecuadas” para cumplir las reglas fiscales en dichos ejercicios.
En este contexto, el Decreto establece la necesidad de fijar normas de gestión del gasto aplicables a los créditos derivados de la prórroga del presupuesto de 2024 durante 2026.
El Decreto garantiza tanto la aplicación del incremento retributivo a los empleados públicos desde enero como el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención y extinción de incendios. Además, precisa que la prórroga no afectará a los créditos destinados a actuaciones ya finalizadas en el ejercicio prorrogado o financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda extenderse.
Un historial de prórrogas sucesivas en la Comunidad
La prórroga inmediatamente anterior a la consecutiva de 2026 y 2025 fue la de 2024, año que arrancó con las cuentas de 2023, que sí entraron en vigor el 1 de enero, como es habitual, pero sin la correspondiente Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, tras el “error” o “malentendido” de los dos grupos que sostienen a la Junta al aceptar las enmiendas parciales del PSOE en la fase final de la tramitación de la norma, que acabaron rechazando.
El precedente anterior fue el de 2022, que comenzó con el presupuesto prorrogado debido a la disolución de las Cortes y al adelanto electoral, decidido apenas dos días antes del pleno en el que se iban a debatir las enmiendas parciales a las cuentas que negociaba el entonces gobierno de coalición de PP y Ciudadanos --las conversaciones con Por Ávila se prolongaron hasta el 20 de diciembre de 2021--.
Al contrario de lo que sucedió en 2019 y 2020, cuando ni siquiera se tramitaron unos nuevos presupuestos, en 2022 la Junta sí llegó a presentar el proyecto de cuentas para ese ejercicio, por un importe de 12.835 millones de euros.
De hecho, el presupuesto de 2022 había superado buena parte de la tramitación parlamentaria y sólo quedaba pendiente el debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, con 1.771 enmiendas a las secciones y 67 al articulado, un debate que se truncó tras la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, efectiva desde el martes 21.
Las prórrogas anteriores incluyen la triple extensión del presupuesto de 2018, con el que se inició 2021 --una situación inédita en la historia autonómica--; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017. En estos dos últimos casos, las nuevas cuentas se aprobaron a mitad de año, algo que no ocurrió ni en el paso de 2018 a 2019 ni de 2019 a 2020.
El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera recurrió a la prórroga en dos ocasiones: en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones a finales de 2011 sin dejar aprobado el presupuesto del año siguiente, y en 2017, tras conocerse que las entregas a cuenta remitidas por el Ministerio de Montoro se reducían y que el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas estatales.
El Decreto de prórroga de 2012 obligó a los consejeros a solicitar autorización para cualquier gasto, previa memoria justificativa sobre su necesidad, oportunidad y financiación --con la única excepción de las Cortes, el Consejo Consultivo y la PAC--, mientras que en la segunda ocasión se optó por una prórroga presupuestaria “muy transitoria” y “blanda”.
Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que preparar “con mucho cuidado y esmero” aquel Decreto de prórroga presupuestaria, que sirvió de base para el de 2016, “muy similar” en las instrucciones técnicas pero sin “tantas trabas” a determinados gastos, ya que la coyuntura económica y presupuestaria había variado respecto a 2012, cuando la Junta declaró “indisponibles” tantos recursos como fueran necesarios para cumplir el objetivo de estabilidad.
La prórroga de los presupuestos de 2011 se mantuvo hasta el 25 de mayo, fecha en la que se aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, por 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, volviendo a niveles de 2007. En el segundo caso, de 2016 a 2017, el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un total de 10.293,18 millones, un 4,7 por ciento más. La tercera prórroga de ese ciclo se produjo de 2018 a 2019, cuando la Junta justificó la ausencia de un nuevo proyecto en la falta de datos ciertos.