QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo Consultivo ha emitido un aviso sobre la “posible inconstitucionalidad” de cinco elementos clave de la Ley de Publicidad Institucional, promovida por Unidas-Podemos y aprobada en Castilla y León el 25 de junio, con la oposición del PP.
Según este órgano, la ley podría estar en conflicto con la legislación estatal, al introducir criterios discriminatorios en la contratación pública, imponer restricciones económicas arbitrarias “e incluso invade competencias en materia laboral”, cuestionando su validez y aplicación.
El análisis fue solicitado por la Consejería de la Presidencia en julio, buscando aclarar la interpretación y aplicación adecuada de la normativa. De acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, la ley excede las prohibiciones de contratación fijadas a nivel estatal, especialmente en lo que respecta a los medios condenados por sentencia firme, lo que supone “una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica”.
Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, reafirma que la ley “vulnera principios constitucionales fundamentales” y podría ser anulada judicialmente. Además, el dictamen recuerda que las sanciones y las restricciones económicas impuestas por la normativa autonómica no tienen respaldo en la legislación estatal y podrían afectar negativamente a medios de menor tamaño y a la pluralidad informativa.
La ley también regula la subrogación de empleados en concesiones de televisión autonómica, invadiendo competencias estatales y creando incertidumbre jurídica para empresas y trabajadores. No obstante, el Consejo Consultivo subraya que, pese a las controversias, la ley debe ser cumplida hasta que se resuelvan los desafíos legales a través de los tribunales.
