QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Por tercera ocasión, el Pleno de las Cortes de Castilla y León discutirá la tramitación de una proposición de ley enfocada en los derechos y garantías al final de la vida. Esta vez, la iniciativa ha sido promovida por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, quien en marzo registró «exactamente el mismo» texto que anteriormente presentó Francisco Igea y que contaba con el respaldo del PP, según afirmaron los ‘populares’ al rechazar en febrero la propuesta del PSOE sobre el mismo tema.
«Esto no ha ocurrido creo que nunca en la historia del parlamentarismo. Presentaremos por tercera vez la Ley de derechos y garantías al final de la vida», expresó Francisco Igea, recordando el apoyo inicial del Partido Popular al primer proyecto de ley sobre esta materia, que fue suspendido «en un acto de venganza personal desconocido también en la historia del parlamentarismo por parte del PP».
Tanto Pablo Fernández como Francisco Igea han recordado que durante el último debate sobre esta materia –la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista en febrero de 2025– Paloma Vallejo, procuradora del PP, declaró, según consta en el diario de sesiones, que apoyarían la primera norma registrada, generando expectativas de aprobación en esta ocasión.
«Para dar satisfacción a la señora Vallejo y al conjunto del Partido Popular vamos a presentar el texto original que les gustaba. Esperamos con ansiedad sus explicaciones y el sentido de su voto», ironizó Igea, mientras que Fernández reiteró que su texto mantiene los mismos términos aceptados previamente por el PP «en todo».
Fernández también advirtió que el PP no debería anteponer «sus odios, sus controversias, sus desencuentros y su inquina con determinados procuradores» –refiriéndose a Francisco Igea, ex socio de gobierno de Fernández Mañueco– a los derechos y garantías de las personas al final de su vida y al derecho de los ciudadanos a «elegir morir con dignidad».
Desde el Grupo Socialista, Patricia Gómez Urban anticipó un voto favorable a la toma en consideración del nuevo texto, subrayando la necesidad de presentar enmiendas para mejorar ciertos aspectos. La discusión de esta proposición de ley marcará el cierre del primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que también abordará temas como los incendios del verano y la gestión del Gobierno autonómico.
Adicionalmente, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto una PNL para solicitar la reprobación y destitución de Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Medio Ambiente, por su gestión durante los incendios, con Patricia Gómez Urban cuestionando su idoneidad para el cargo: «No debería haber sido nunca consejero» y «No hay motivos para mantenerle como consejero de Medio Ambiente», aseveró.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una PNL relacionada con la condonación de deuda a Cataluña, instando al Gobierno a retirar el anteproyecto de ley. Ricardo Gavilanes, portavoz del PP en las Cortes, criticó la medida calificándola de «chantaje político» y advirtió que si continúa, llevarán el caso al Tribunal Constitucional.
Finalmente, el Grupo Vox ha registrado otra PNL enfocada en medidas contra la inmigración masiva e ilegal, reflejando su preocupación por la situación actual, según palabras de David Hierro.
