En el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León se debatirá por tercera vez sobre la tramitación de una proposición de ley relacionada con los derechos y garantías al final de la vida, esta vez propuesta por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández. Fernández reintrodujo en marzo “exactamente el mismo” texto que anteriormente había presentado Francisco Igea y que había obtenido el respaldo del PP, quienes en febrero rechazaron una propuesta similar del PSOE.
“Esto no ha ocurrido creo que nunca en la historia del parlamentarismo. Presentaremos por tercera vez la Ley de derechos y garantías al final de la vida”, expresó Igea, recordando que el PP inicialmente apoyó la tramitación de la primera propuesta de ley sobre este tema, que posteriormente fue suspendida “en un acto de venganza personal desconocido también en la historia del parlamentarismo por parte del PP”.
Tanto Igea como Pablo Fernández hicieron hincapié en el último debate sobre esta cuestión, donde Paloma Vallejo del PP, según el diario de sesiones, mostró su apoyo a la primera normativa registrada, anticipando su aprobación en esta ocasión.
“Para dar satisfacción a la señora Vallejo y al conjunto del Partido Popular vamos a presentar el texto original que les gustaba. Esperamos con ansiedad sus explicaciones y el sentido de su voto”, comentó irónicamente Igea. Por su parte, Fernández subrayó que su propuesta mantiene los términos que el PP aceptó “en todo” y criticó al partido por anteponer “sus odios, sus controversias, sus desencuentros y su inquina con determinados procuradores” a los derechos fundamentales de los ciudadanos al final de sus vidas y a la dignidad en la muerte.
Patricia Gómez Urban, del Grupo Socialista, adelantó su apoyo a la consideración de la nueva propuesta, destacando la necesidad de presentar enmiendas para perfeccionar ciertos aspectos del texto.
Este miércoles, la consideración de esta ley marcará el final del primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que también abordará temas como los incendios del verano y la gestión del gobierno autonómico. Durante la Junta que estableció el orden del día, los diferentes portavoces resaltaron estos puntos como centrales para el debate.
Entre otras propuestas, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una PNL para solicitar la destitución de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, por su gestión durante los incendios, calificada de “catastrófica, negligente y criminal” tanto por Igea como por Fernández.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha centrado su PNL en la condonación de la deuda a Cataluña, instando al Gobierno a retirar el anteproyecto de ley. “Castilla y León no va a pagar los privilegios concedidos a los separatistas”, declaró Ricardo Gavilanes, vocero de los ‘populares’ en las Cortes, quien también amenazó con llevar el asunto al Tribunal Constitucional si el proyecto sigue adelante.
Finalmente, el Grupo Vox ha registrado de nuevo una PNL sobre inmigración, proponiendo medidas contra la inmigración masiva e ilegal, reflejando la realidad que, según David Hierro, “ya está aquí”.