QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los partidos en la oposición han tachado el presupuesto propuesto por la Consejería de Educación para el siguiente año fiscal de “estafa” y “provinciano”, apuntando a una deficiente asignación en infraestructuras educativas. Durante la sesión en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, la consejera de Educación, Rocío Lucas, defendió el plan presupuestario de su departamento que asciende a 3.050 millones de euros, ofreciendo colaboración para alcanzar “acuerdo reales” y efectivos.
En este marco, Fernando Pablos, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, criticó las cuentas por no cumplir con previos acuerdos legislativos, afectando negativamente a la educación pública y la investigación científica. Destacó el incumplimiento en la financiación de proyectos clave como el Centro del Cáncer de Salamanca y la expansión de centros de FP en áreas rurales.
Por otro lado, Rebeca Arroyo, de Vox, subrayó la falta de apoyo en las partidas destinadas a becas y otros servicios esenciales, y propuso una mayor inclusión de los colegios concertados en el sistema educativo. Además, criticó la reducción en programas de refuerzo educativo y becas de movilidad Erasmus.
Francisco Igea, del Grupo Mixto, denunció lo que describió como un presupuesto de “paletos”, argumentando que la dispersión en la oferta formativa está perjudicando la calidad de la educación universitaria en Castilla y León. Después de ser aconsejado por el presidente de la Mesa de la Comisión, José Alberto Castro, de moderar su lenguaje, Igea modificó su término a “provincianos”.
Finalmente, desde el Grupo UPL-¡Soria Ya!, Juan Antonio Palomar lamentó la escasa ejecución presupuestaria en Soria y criticó la ausencia de estrategias educativas enfocadas a combatir la despoblación rural. Mientras, Carmen Sánchez Bellota del Grupo Parlamentario Popular, defendió el presupuesto como una inversión social esencial, destacando la universalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años como un logro importante.
