El Consejo de Cuentas ha recomendado adelantar cuatro meses la rendición de la Cuenta General de la Comunidad para mejorar la toma de decisiones de la Administración y para favorecer así un control más eficaz y oportuno, según consta en una de las cinco recomendaciones que ha realizado el órgano estatutario sobre esta materia concreta.
En concreto, el Consejo de Cuentas ha planteado que la Cuenta General pueda ser rendida antes del 31 de julio del año siguiente al que se refiera, frente al 30 de noviembre en la actualidad, para mejorar la toma de decisiones de la administración y favorecer un control más eficaz y oportuno. Para ello, ha instado también a la Junta a dotar del personal necesario a los servicios implicados.
Por otra parte y ante la situación de no aprobación de los presupuestos de un ejercicio, como ocurre este año, el Consejo de Cuentas considera que la Consejería de Economía y Hacienda debería prorrogar los ingresos por el importe que va a recibir y tener en cuenta la vigencia y cuantía de los recursos.
También recomienda acelerar el reparto de fondos específicos a las entidades que lo van a gestionar, «sin demora innecesaria, lo que evitaría la necesidad de apuntes de homogeneización para reflejar correctamente los deudores y acreedores».
Además, reitera una recomendación concreta a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística para que ante la relevancia de los importes de los conceptos de la liquidación definitiva tras las entregas a cuenta y los fondos de convergencia y para una mayor exactitud en cada una de las fuentes de financiación la imputación presupuestaria se haga a la aplicación de ingresos correspondiente.
Finalmente y para conseguir que la liquidación del presupuesto mejore la imagen fiel, recomienda a la Consejería de Economía y Hacienda impulsar el desarrollo reglamentario al que se refiere la Ley de Hacienda y Sector Público relativo al procedimiento para la tramitación de las diferentes modificaciones de crédito.
Por otro lado, el Consejo de Cuentas ha realizado otras dos recomendaciones sobre el endeudamiento y ve aconsejable que, ante el volumen de pasivos contabilizados en el balance consolidado, la Comunidad vigile el comportamiento tanto del indicador de endeudamiento general, para que se sitúe en valores inferiores al 100%, como del índice de independencia y estabilidad, «para cambiar su evolución, con el fin de garantizar una mayor generación de recursos propios que sea suficiente para atender necesidades económicas».
Finalmente, el Consejo de Cuentas recomienda a la Consejería de Economía y Hacienda que inste la actualización del contenido del concepto «Deuda de la Comunidad», recogido por la Ley de Hacienda y Sector Público, que mantiene la redacción original de 2006, y que incluye el conjunto de capitales tomados a préstamo por la Administración autonómica o sus organismos autónomos.
«En conclusión –añade este informe del órgano estatutario– una actualización para incluir, al menos, la deuda de las entidades que forman parte del perímetro de consolidación».
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha comparecido este lunes en las Cortes para presentar la auditoría de la Cuenta General de la Comunidad del año 2022 y el informe de análisis específico sobre el endeudamiento de la Administración autonómica.
Según ha informado, el volumen total de deuda en Castilla y León ascendía a 13.322 millones de euros al cierre de 2022, un 0,81 por ciento más respecto a 2021. Por su parte, la deuda per cápita era de 5.615 euros, cuando la media nacional alcanzaba los 6.679. En el caso de la carga financiera de la deuda sobre los ingresos corrientes era del 14,65 por ciento, once puntos por debajo de la media de las CCAA, del 25,32 por ciento.
El Consejo de Cuentas ha concluido que la Cuenta General se presenta con carácter general de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y que refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, «excepto por determinadas salvedades».