El Consejo de Cuentas de Castilla y León incorporará en su Plan Anual de Fiscalizaciones de 2026 el análisis de las políticas de vivienda de los ayuntamientos, la supervisión de la gestión de la receta electrónica y, al coincidir con un año electoral, la revisión de la contabilidad de los partidos que participen en las elecciones autonómicas. Así lo ha avanzado el presidente del órgano, Mario Amilivia, que este lunes ha defendido en las Cortes un programa compuesto por 18 fiscalizaciones.
El documento, que ha salido adelante en la Comisión sin votos en contra --con ocho apoyos y nueve abstenciones--, contempla siete fiscalizaciones de obligado cumplimiento por mandato legal, diez trabajos especiales y el habitual informe de seguimiento de recomendaciones relativo a 2025. Entre las actuaciones previstas figura la fiscalización de las campañas de publicidad institucional, una nueva tarea atribuida al Consejo tras la reciente reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León.
En relación con esta novedad, Amilivia ha remarcado que la norma asigna al Consejo funciones “no naturales” para un tribunal de cuentas, entre ellas revisar el análisis previo de las campañas, sus resultados, el alcance entre la ciudadanía o la estructura interna con la que se organizan.
Ha admitido que, con los recursos actuales, será “difícil dar cumplimiento pleno” a todas estas obligaciones, ya que exigirían incorporar personal con un perfil muy especializado o acudir a estudios externos. Por ello, ha detallado que se elaborarán dos informes de carácter integral, uno referido al ámbito autonómico y otro centrado en el nivel local, aplicando criterios de fiscalización operativa similares a los que se utilizan en otros trabajos de mandato legal, como los relativos a la contratación administrativa.
En un ejercicio condicionado por la cita con las urnas, el Consejo verificará la regularidad de las cuentas de los partidos políticos, los ingresos y gastos que declaren y las posibles incidencias ligadas a la concesión de subvenciones. De forma paralela, se impulsarán dos auditorías sobre las campañas institucionales —una en la Administración autonómica y otra en el sector público local— con la finalidad de valorar su eficacia, su grado de transparencia y el impacto real de estas acciones.
Dentro de las fiscalizaciones especiales, Amilivia ha avanzado que el Consejo examinará la política de vivienda de las entidades locales mediante una auditoría operativa de carácter evaluador, que revisará la planificación existente, las medidas puestas en marcha y los resultados obtenidos. También se someterá a control la gestión de la receta electrónica, un área que concentra en torno al 23 por ciento del gasto en transferencias corrientes de la Comunidad, con el objetivo de medir la eficiencia de los procedimientos y la seguridad de los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud.
El plan incluye igualmente la fiscalización financiera y de cumplimiento de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, entidad pública responsable de la gestión medioambiental, la recuperación del patrimonio natural y la ejecución de proyectos vinculados a la sostenibilidad y a las subvenciones en este campo. El órgano fiscalizador revisará la correcta utilización de los fondos, la gestión económico-financiera y el grado de adecuación a los fines recogidos en sus estatutos.
Además, el documento incorpora el estudio del endeudamiento de la Administración autonómica en 2025, nuevas auditorías sobre la Fundación Patrimonio Natural y controles específicos a los ayuntamientos de Laguna de Duero (Valladolid) y Trabanca (Salamanca). En total, está prevista la tramitación de 45 informes a lo largo del ejercicio, en los que se integran los trabajos aún pendientes de planes anteriores y las actuaciones realizadas en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
Amilivia ha remarcado que el programa “prioriza el análisis del gasto social y refuerza la dimensión constructiva de las fiscalizaciones”, poniendo el foco en ámbitos como la sanidad, la educación, el medio ambiente y la digitalización. El presidente del Consejo de Cuentas ha insistido también en que se trata de un plan “asumible en la carga de trabajo, abierto a modificaciones y orientado al consenso político e institucional”.
Valoraciones de los grupos parlamentarios
Ante la Comisión de Hacienda, el procurador de UPL, José Ramón García, ha descrito el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2026 del Consejo de Cuentas como “serio, coherente, equilibrado y necesario”. En su intervención, ha resaltado que el texto presentado por Amilivia constituye una base “sólida” para reforzar el control del gasto público y avanzar en la transparencia de la gestión autonómica y local.
García ha puesto el acento en la relevancia de las fiscalizaciones específicas recogidas en el documento, tanto las derivadas de mandato legal como las especiales, por centrarse en ámbitos “donde se concentra una parte muy significativa del gasto público”.
Por su parte, la procuradora de Vox, Susana Suárez, ha opinado que el Plan “debe ser la hoja de ruta que guíe su actividad para asegurar una buena gestión del dinero público y una adecuada rendición de cuentas”. Suárez ha insistido en que es “fundamental garantizar el control del uso de los fondos públicos” y ha recordado que esta herramienta “permite comprobar que el dinero se gestiona de manera legal y eficiente por parte de la Junta y del conjunto del sector público autonómico”.
La parlamentaria ha defendido la conveniencia de contar con una planificación precisa que determine “qué entidades, áreas o políticas públicas se van a fiscalizar, el tipo de control -financiero, de cumplimiento u operativo- y su calendario aproximado”, con el fin de asegurar un uso racional de los recursos del propio Consejo.
En esta línea, ha expresado el respaldo de su grupo a la mayoría de los trabajos previstos, con especial énfasis en los referidos a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, una reclamación que, como ha recordado, su formación “había solicitado en varias ocasiones en debates anteriores”, al considerar imprescindible auditar “organismos, fundaciones y empresas públicas del entorno autonómico”.
Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, ha agradecido la comparecencia de Amilivia y ha aprovechado para subrayar que la Presidencia del Consejo de Cuentas “sigue en funciones desde hace casi tres años”.
Durante su intervención, la procuradora socialista ha puesto en valor la labor técnica del órgano y ha reconocido que, pese a la situación de interinidad, “ha seguido funcionando con normalidad y profesionalidad”. En este punto, ha resaltado la inclusión en el plan de la fiscalización de distintos organismos dependientes de la Junta, entre ellos la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, algo que ha considerado “necesario” frente a la falta de transparencia que, a su juicio, rodea la gestión de algunas entidades públicas.
En un tono más personal, Rubio ha cerrado su intervención con una despedida tras seis años como portavoz socialista en la Comisión, en la que ha pronunciado palabras de reconocimiento y gratitud. Así, ha manifestado su “orgullo por haber representado a los castellanos y leoneses” y ha deseado que la próxima legislatura esté presidida por “una mayoría progresista que trabaje por una Castilla y León mejor”. “Nunca se dice adiós, porque seguro nos volveremos a encontrar”, ha concluido.
Por último, el procurador 'popular' José Alberto Castro Cañibano ha mostrado su respaldo al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2026 y ha puesto en valor las recomendaciones formuladas por el Consejo, asegurando que estas conclusiones “ayudan a perfeccionar la gestión pública y refuerzan la profesionalidad de quienes trabajan en la administración”.