El próximo miércoles, 25 de febrero, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León cumplirá 43 años desde su promulgación en 1983, una efeméride que en esta ocasión pasará sin el habitual acto institucional con el que se venía celebrando esta fecha y en el que tradicionalmente se hacía entrega de la Medalla de Oro del Parlamento, distinción que el pasado año recayó en las celebraciones de Semana Santa de toda la Comunidad.
La disolución de las Cortes autonómicas y el arranque inminente de la campaña para las elecciones, que comenzará el 27 de febrero, apenas dos días después de este 43 aniversario, han dejado a la Cámara sin un gran evento conmemorativo. El Parlamento regional, presidido por Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, se limita así a una conmemoración sin el protocolo solemne de otros años.
A esta situación se suma que varios miembros de la Mesa de las Cortes concurren en las listas electorales: el vicepresidente primero, Francisco Vázquez, figura como número 1 del Partido Popular por Segovia; la secretaria segunda, Rosa Esteban, ocupa el segundo puesto en la candidatura del PP por Salamanca; y la secretaria tercera, Fátima Pinacho, integra la lista de Vox por Valladolid.
No es la primera vez que el aniversario del Estatuto coincide con un escenario político excepcional. Hace cuatro años ya se vivió una conmemoración atípica, también con las Cortes disueltas, si bien entonces los comicios autonómicos se habían celebrado el 13 de febrero de 2022 y ya no había campaña en marcha.
En aquella ocasión, el entonces presidente de las Cortes, Luis Fuentes, reunió a los 27 integrantes de la Diputación Permanente, incluidos suplentes, junto a representantes de las instituciones propias de la Comunidad, para una declaración institucional con motivo del XXXIX aniversario del Estatuto. Fue un acto sin invitados, sin Medalla de Oro, sin jornada de puertas abiertas y en plena pandemia de coronavirus.
Origen y evolución del Estatuto de Autonomía
El Estatuto de Castilla y León alcanzará este miércoles su 43 aniversario desde que las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 4/1983, texto que ha experimentado tres reformas oficiales, la última en 2007, veinticuatro años después de la constitución de la autonomía.
Conviene recordar que el 1 de marzo de 1983, apenas cuatro días después de aquel 25 de febrero inicial, se aprobó la Ley Orgánica 5/1983 para incorporar la provincia de Segovia al proceso autonómico de Castilla y León, después de fracasar su intento de constituirse en comunidad uniprovincial y con el objetivo de resolver la anomalía de que fuera la única provincia sin adscripción autonómica.
Castilla y León accedió a la autonomía mediante la denominada 'vía lenta' prevista en la Constitución Española, que otorgaba un nivel competencial más reducido al no asumir de entrada todas las materias no exclusivas del Estado. Este modelo contrastaba con el de las comunidades que ya contaban con estatuto durante la Segunda República —Cataluña, Galicia y País Vasco—, que se acogieron a la 'vía rápida"' y aprobaron sus normas entre 1979 y 1981.
La tercera y más reciente reforma del Estatuto profundizó en el autogobierno a partir de un texto impulsado y pactado por PP y PSOE, que incorporó cuatro enmiendas de IU. Se articuló en torno a cinco grandes ejes: la carta de derechos de los ciudadanos, la separación de poderes, la proyección exterior de la Comunidad, la organización territorial y la asunción de competencias sobre la cuenca del Duero, una "vieja aspiración" que finalmente quedó bloqueada tras el pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional.
El alto tribunal anuló en marzo de 2011 el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que atribuía a la Comunidad la regulación y gestión de la cuenca del Duero en el tramo del río que discurre por su territorio. La sentencia, adoptada por unanimidad y sin votos particulares, dio la razón a la Junta de Extremadura y reafirmó la competencia estatal sobre aquellos ríos que atraviesan más de una comunidad autónoma.
La última reforma incorporó además la 'Carta de Derechos Sociales' para consolidar estos derechos y dotarlos de rango legal, y reforzó las garantías mediante una enmienda consensuada para asegurar la igualdad de trato de las personas con discapacidad, a propuesta de CERMI.
El texto revisado del Estatuto definió a Castilla y León como Comunidad Autónoma "histórica y cultural", abrió nuevos cauces de colaboración y coordinación con el Estado y avanzó en la cohesión interna a través de instrumentos como el Plan de Convergencia Interior, diseñado en cooperación con la Administración central para que "el esfuerzo producido en toda la Comunidad a distintas velocidades de crecimiento pueda verse corregido y aumentado".
Asimismo, se aseguró la prestación de servicios públicos de calidad y, en el ámbito de la financiación, se recogieron principios como "solidaridad, igualdad, nivelación en la prestación, suficiencia dinámica y distribución de recursos teniendo en cuenta la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento".
"No hemos hecho ruido y hemos atendido necesidades de nuestra gentes de Castilla y León. En definitiva, el Estatuto supone ya letra de ley, negro sobre blanco, una apuesta cabal de toda Castilla y León por ese autonomismo útil, integrador, cooperativo que marca la apuesta de Castilla y León como comunidad autónoma en la España de la Constitución", defendió el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Reformas de 1994 y 1999: educación y sanidad
La primera modificación de la norma básica de autogobierno se produjo en 1994 mediante la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, que supuso un notable aumento de las competencias de la Comunidad al asumir la gestión de la Educación.
La segunda reforma llegó en 1999 con la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, que modificó la Ley Orgánica 4/1983 y permitió ampliar el techo competencial de Castilla y León incorporando el área de Sanidad, además de recoger la creación de varias instituciones propias.
Tal y como se recogía en el preámbulo de la última propuesta de reforma aprobada en las Cortes de Castilla y León, las tres revisiones "han contado con el respaldo de un amplísimo consenso político", lo que permite afirmar que el Estatuto es la norma básica en la que se reconocen todos los ciudadanos de Castilla y León "y ha sido un instrumento de innegable progreso".